Será competente para dictar el auto que contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma el Juzgado que conoció del asunto en primera instancia.
No es necesario presentar una demanda, bastando presentar una solicitud de que se despache la ejecución ante el Tribunal del domicilio del ejecutante.
Transcurrido un plazo de espera de 20 días, el ejecutante podrá presentar la demanda, a su elección, ante los tribunales del domicilio del ejecutado o del lugar donde se encuentren los bienes a embargar.
La ejecución se iniciará de oficio por el mismo órgano judicial que dictó la sentencia cuya ejecución se va a realizar de manera forzosa, ante la falta de cumplimiento voluntario.
Sí, cualquiera de las partes puede interponer recurso de apelación que resolverá el órgano judicial superior.
Sí, cabe interponer recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Tribunal que hubiere dictado la orden general de ejecución.
La parte demandada podrá oponerse por escrito dentro de los diez días siguientes a la notificación del decreto, alegando los motivos procesales y/o de fondo previstos legalmente.
No, la parte demandada sólo podrá hacer valer sus derechos en el proceso ordinario correspondiente.
Como regla general, se aplicarán los arts. 394 y ss. LEC, esto es, las pagará la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, y en caso de estimación/desestimación parcial cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Serán impuestas a los demandados (ejecutado y ejecutante) en todo caso.
No se le impondrán a nadie, ya que se trata de un incidente y los incidentes están exentos de la condena en costas.
Las costas de este incidente se rigen por la regla general del pago de las costas del proceso de ejecución, correspondiente su pago en todo caso al ejecutado.
Se procederá a celebrar una nueva subasta, devolviendo los depósitos consignados a todos los postres.
Se devolverá el bien subastado al deudor, dado que ninguno de los postores ha querido pagar por él lo ofrecido en la subasta.
Los rematantes perderán el depósito y se procederá a una nueva subasta, salvo que con los depósitos constituidos por los rematantes se pueda satisfacer el capital e intereses del crédito del ejecutante y las costas.
Podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por la cantidad que estime justa. II. PREGUNTAS
Unidades de la Oficina judicial que, sin estar integradas en un Juzgado concreto, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo derivadas de la aplicación de las leyes procesales. Dicho apoyo se presta a todos o alguno de los Juzgados de su ámbito territorial.
Unidades de la Oficina judicial que, sin estar integradas en un Juzgado concreto, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo a los Jueces y Magistrados derivadas de la aplicación de las leyes procesales. Dicho apoyo se presta a todos o alguno de los Juzgados de su ámbito territorial.
Unidades de la Oficina judicial que asisten directamente a Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten.
Unidades que, sin estar integradas en la Oficina judicial, se constituyen en el ámbito de la organización de la Administración de Justicia para la jefatura, ordenación y gestión de los recursos humanos de la Oficina judicial sobre los que se tienen competencias, así como sobre los medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales.
Los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia sólo en el territorio de la respectiva comunidad.
Puede presentarlos en gallego y de oficio se procederá a su traducción.
Debe primero traducirlos al castellano y luego presentarlos en el Juzgado.
No puede presentarlos en gallego, pues la lengua oficial en las actuaciones procesales es el castellano.
Sí, el cliente puede revocar tácitamente el poder conferido a su procurador/a, siempre que le procedimiento no se encuentre en fase de ejecución.
No, porque la revocación del poder conferido a un/a procurador/a debe hacerse de forma expresa.
No, al igual que ocurre con la renuncia voluntaria del procurador/a, el cliente tiene el deber de comunicar con anticipación y de modo fehaciente al procurador su intención de designar un nuevo representante procesal.
Sí, la revocación tácita del poder conferido a un/a procurador/a es válida.
Si no tiene mucho contacto con el cliente, puede solicitar al tribunal la citación judicial como parte de su propio cliente para que acuda al interrogatorio.
Al estar presente también en la audiencia previa el/la letrado/a, éste ya le comunica al cliente su obligación de asistir el día del juicio, sin que el/la procurador/a tenga ya que comunicarse con el cliente.
El/la procurador/a tiene la obligación de comunicar con su cliente y trasladarle la citación para comparecer el día del juicio.
El/la procurador/a no tiene obligación de comunicarle a su cliente la fecha de celebración de actos públicos.
No, dado que, conforme a la Ley, no podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado.
Sí, el procurador puede realizar toda clase de solicitudes en el proceso sin la firma del abogado, siempre y cuando éste ratifique posteriormente su actuación mediante comparecencia ante el órgano judicial.
Sí, podrá solicitar la suspensión urgente de la vista ante dicha circunstancia. Solo si fuera posible, el abogado también debería firmar el escrito.
No, dado que el procurador no está habilitado, en ningún caso, para elaborar por sí mismo escritos procesales.
Deberá dirigirse al Consulado español más próximo al domicilio del demandado para que éste realice la notificación.
Deberá utilizar la vía postal directa, única que autoriza el Reglamento.
Podrá elegir entre la notificación directa entre órganos judiciales o la vía postal directa.
Podrá pedirle al profesional de la Procura que representa a la empresa española que efectúe la notificación directamente porque esta forma está permitida por el Reglamento y admitida en Alemania.
Citar a las partes para la celebración de la vista en el día y hora que a tal efecto señale.
Dar cuenta al tribunal, que dictará auto en el que ordenará la admisión de la demanda y su traslado al demandado y citará a las partes para la celebración de vista.
Examinada la demanda, dictará decreto admitiendo la misma y dará traslado de ella al demandado para que la conteste en el plazo de veinte días.
La admitirá y dará traslada al demandado para que la conteste por escrito en el plazo de diez días conforme a lo dispuesto para el juicio ordinario.
El cambio de residencia de la persona con discapacidad no afecta a la competencia del Juzgado y se mantiene la comparecencia.
El cambio de residencia de la persona con discapacidad antes de la comparecencia motiva el archivo del expediente.
El cambio de residencia de la persona con discapacidad no es obstáculo para que se celebre la comparecencia y después se remitan las actuaciones al Juzgado competente.
El cambio de residencia de la persona con discapacidad antes de la celebración de la comparecencia motiva que se remitan las actuaciones al Juzgado correspondiente en el estado que se hallen.
Resulta necesaria la intervención de procurador/a para las reclamaciones que superen la cuantía de 2.000 €.
Resulta necesaria la intervención de procurador/a para las reclamaciones que superen la cuantía de 6.000 €.
Para la interposición de cualquier procedimiento monitorio resulta necesaria siempre la intervención de procurador/a.
Para la petición inicial de los procedimientos monitorios no resulta necesaria la intervención de procurador/a, cualquiera que sea la cuantía reclamada.
Sí, la petición de aclaración de una resolución judicial interrumpe el plazo para recurrirla, continuado el cómputo desde el día de la notificación de la resolución que reconozca o niegue la aclaración.
Sí, la petición de aclaración de una resolución judicial interrumpe el plazo para recurrirla, continuado el cómputo desde el día siguiente a la notificación de la resolución que reconozca o niegue la aclaración.
No, la petición de aclaración de una resolución judicial no interrumpe el plazo para recurrirla, siendo la fecha de notificación de la sentencia la que determina el cómputo del plazo para interponer recurso de apelación, salvo que el/la letrado/a de la Administración de Justicia acuerde la suspensión del plazo.
No, la petición de aclaración de una resolución judicial no interrumpe el plazo para recurrirla, siendo la fecha de notificación de la sentencia la que determina el cómputo del plazo para interponer recurso de apelación.
No, en los casos de ejecución de acuerdos de mediación es obligatoria siempre la actuación por medio de un/a procurador/a.
Sí, en los casos de ejecución de acuerdos de mediación no es obligatoria la intervención de procurador/a.
No, para la ejecución de un acuerdo de mediación se requerirá la intervención de procurador/a siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros.
No, para la ejecución derivada de un acuerdo de mediación se requerirá la intervención de abogado/a siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a