Transcurridos tres días desde el requerimiento al ejecutado y a los acreedores sin que ninguno de ellos haya contestado, el letrado o letrada de la Administración de Justicia podrá reiterarlos, con el
Transcurridos diez días desde el requerimiento al ejecutado y a los acreedores sin que ninguno de ellos haya contestado, el letrado o letrada de la Administración de Justicia podrá reiterarlos, con el
Transcurridos veinte días desde el requerimiento al ejecutado y a los acreedores sin que ninguno de ellos haya contestado, el letrado o letrada de la Administración de Justicia podrá reiterarlos, con el
Transcurridos treinta días desde el requerimiento al ejecutado y a los acreedores sin que ninguno de ellos haya contestado, el letrado o letrada de la Administración de Justicia podrá reiterarlos, con el
En el auto por el que se despache ejecución se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo de diez días, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo.
En el auto por el que se despache ejecución se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo de veinte días, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo.
En el auto por el que se despache ejecución se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo de treinta días, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo.
En el auto por el que se despache ejecución se requerirá al ejecutado para que, dentro del plazo que el tribunal estime adecuado, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo.
Transcurrido el término de diez días desde el requerimiento de pago o, cuando éste se hubiera
Transcurrido el término de veinte días desde el requerimiento de pago o, cuando éste se hubiera
Transcurrido el término de treinta días desde el requerimiento de pago o, cuando éste se hubiera
Transcurrido el término de un mes desde el requerimiento de pago o, cuando éste se hubiera efectuado extrajudicialmente, desde el despacho de la ejecución.
No, las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva en él gozarán también de esta en los demás Estados miembros sin necesidad de una declaración de fuerza ejecutiva.
Sí, las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva deberán ser previamente reconocidas mediante el procedimiento de exequatur.
Sí, las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva deberán ser previamente reconocidas mediante un procedimiento simplificado que se llevará a cabo por los trámites previstos para el juicio verbal.
Sí, las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva deberán ser previamente reconocidas mediante un procedimiento simplificado que se llevará a cabo por los trámites previstos para el juicio ordinario.
El demandado rebelde a quien haya sido notificada personalmente la sentencia sólo podrá utilizar contra ella el recurso de apelación, y el de audiencia al rebelde, cuando procedan, si los interpone dentro del plazo legal.
El demandado rebelde a quien haya sido notificada personalmente la sentencia sólo podrá utilizar contra ella el recurso de casación, y el de audiencia al rebelde, cuando procedan, si los interpone dentro del plazo legal.
El demandado rebelde a quien haya sido notificada personalmente la sentencia sólo podrá utilizar contra ella el recurso de apelación, y el de casación, cuando procedan, si los interpone dentro del plazo legal.
El demandado rebelde a quien haya sido notificada personalmente la sentencia sólo podrá utilizar contra ella el recurso de audiencia al rebelde, si lo interpone dentro del plazo legal.
En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador no incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido, únicamente cuando la cuantía del procedimiento sea superior a 18.000 €.
En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido, únicamente cuando la cuantía del procedimiento sea superior a 600.000 €.
Frente a esta resolución sólo podrá ser interpuesto recurso de apelación.
Frente a esta resolución podrá ser interpuesto recurso directo de revisión y contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno.
Frente a esta resolución podrá ser interpuesto recurso de reposición y contra el auto resolviendo el recurso de reposición sólo cabrá interponer recurso de casación.
Contra esta resolución no cabe interponer recurso alguno.
La autoridad judicial que conoció del previo expediente de divorcio, salvo que la persona a la que se refiera la solicitud cambie con posterioridad de residencia, en cuyo caso lo será el juez de primera instancia del lugar del domicilio del demandante.
La autoridad judicial que conoció del previo expediente de jurisdicción voluntaria, salvo que la persona a la que se refiera la solicitud cambie con posterioridad de residencia, en cuyo caso lo será el juez de primera instancia del lugar en que esta resida.
La autoridad judicial que conoció del previo expediente monitorio, salvo que la persona a la que se refiera la solicitud cambie con posterioridad de residencia, en cuyo caso lo será el juez de primera instancia del lugar en que esta resida.
La autoridad judicial que conoció del previo expediente de reclamación de cantidad, salvo que la persona a la que se refiera la solicitud cambie con posterioridad de residencia, en cuyo caso lo será el juez de primera instancia del lugar del domicilio del demandante.
El juez o tribunal dictará sentencia en el plazo de dos días, publicándose inmediatamente y notificándose a las partes o a sus representantes dentro de los tres días siguientes.
El juez o tribunal dictará sentencia en el plazo de dos días, publicándose inmediatamente y notificándose a las partes o a sus representantes dentro de los cinco días siguientes.
El juez o tribunal dictará sentencia en el plazo de cinco días, publicándose inmediatamente y notificándose a las partes o a sus representantes dentro de los dos días siguientes.
El juez o tribunal dictará sentencia en el plazo de cinco días, publicándose inmediatamente y notificándose a las partes o a sus representantes dentro de los tres días siguientes.
Los pronunciamientos sobre responsabilidad civil no serán susceptibles de ejecución provisional.
Los pronunciamientos sobre responsabilidad civil sólo serán susceptibles de ejecución provisional si la cuantía objeto de condena es inferior a 5.000 €.
Los pronunciamientos sobre responsabilidad civil sólo serán susceptibles de ejecución provisional si se ha interpuesto recurso de casación, pero la ejecución provisional no es posible si se ha interpuesto recurso de apelación.
Los pronunciamientos sobre responsabilidad civil serán susceptibles de ejecución provisional con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El Reglamento (UE) 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil.
El Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
La Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.
El Reglamento (UE) 2020/1783 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.
Mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito.
La solicitud de intervención suspenderá el curso del procedimiento por un plazo de treinta días.
El tribunal resolverá por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de diez días.
Admitida la intervención, no se retrotraerán las actuaciones.
Será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor, es decir, Zaragoza.
Será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del demandante, es decir, Barcelona.
Será competente para el proceso monitorio el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se realizó el negocio jurídico, es decir, Puertollano.
Será competente para el proceso monitorio el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor, el del domicilio o residencia del demandante, o donde se realizó el negocio jurídico, a elección del demandante, es decir, Zaragoza, Barcelona o Puertollano.
El Reglamento (UE) 2020/1783 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.
La Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales.
El Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso.
La Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal.
La puesta a disposición de los interesados de una dirección de correo electrónica y de un equipo informático que corresponda al Ministerio de Justicia o a la Comunidad Autónoma con competencias transferidas en materia de Justicia, que deberá devolverse a su titular en el plazo de cinco días desde que se hubiese puesto a su disposición.
La puesta a disposición de los interesados del sistema e-EDES, que canalizará la solicitud a través del Punto de Acceso Electrónico Único e-Codex, conforme a los estándares de calidad que se hubiesen aprobado por la Fiscalía Europea.
La puesta a disposición de los interesados de los correspondientes modelos o impresos normalizados en la sede judicial electrónica, que deberán ser accesibles sin otras restricciones tecnológicas que las estrictamente derivadas de la utilización de estándares y criterios de comunicación y seguridad aplicables de acuerdo con las normas y protocolos nacionales e internacionales.
Los ciudadanos no podrán utilizar medios electrónicos para la presentación de demandas o escritos en aquellos juicios en los que pueden comparecer de forma personal y directa por no ser preceptiva la asistencia letrada ni la representación por procurador.
Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado social colegiado o representado por procurador, lo hará constar en la demanda.
Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado social colegiado o representado por procurador, lo manifestará de palabra antes del acto de conciliación.
Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado social colegiado o representado por procurador, lo manifestará por escrito antes del acto de conciliación.
Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado social colegiado o representado por procurador, lo podrá manifestar en cualquier momento del procedimiento, siempre que no hubiese recaído sentencia.
El Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandante.
El Juzgado de Primera Instancia del lugar donde radique la embajada o consulado.
El Juzgado de Primera Instancia del domicilio particular del embajador.
No será competente ningún órgano judicial español al gozar el embajador de inmunidad de jurisdicción, de conformidad con la legislación española y las normas de Derecho Internacional Público.
La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas supere los dos mil euros.
La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.
La tercería de dominio, que habrá de interponerse ante el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, se resolverá por el tribunal que dictó la orden general y despacho de la misma y se sustanciará por los trámites previstos para el juicio verbal.
La tercería de dominio, que habrá de interponerse ante el juez responsable de la ejecución, se resolverá por el tribunal que dictó la orden general y despacho de la misma y se sustanciará por los trámites previstos para el juicio verbal.
La tercería de dominio, que habrá de interponerse ante el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, se resolverá por el tribunal que dictó la orden general y despacho de la misma y se sustanciará por los trámites previstos para el juicio ordinario.
La tercería de dominio, que habrá de interponerse ante el juez responsable de la ejecución, se resolverá por el tribunal que dictó la orden general y despacho de la misma y se sustanciará por los trámites previstos para el juicio ordinario.
Habrá de estar autorizado por registrador de la propiedad o empleado público competente o ser conferido apud acta por comparecencia personal ante el letrado de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial o por comparecencia electrónica en la correspondiente sede judicial.
Habrá de estar autorizado por notario o ser conferido apud acta por comparecencia personal ante el letrado de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial o por comparecencia electrónica en la correspondiente sede judicial.
Habrá de estar autorizado por empleado público competente del lugar que sea competente para conocer del procedimiento judicial o por comparecencia electrónica en la correspondiente sede judicial.
Únicamente habrá de estar autorizado por notario que deberá ratificarse en el plazo de diez días ante el Tribunal que deba conocer del procedimiento.
El profesional de la Procura que cese en la representación deberá facilitar al/la nuevo/a procurador/a la información que sea necesaria para continuar en el eficaz ejercicio de la representación procesal del poderdante.
El profesional de la Procura que cese en sus derechos y suplidos.
El profesional de la Procura que cese en manifestaciones que resulten personalmente
El profesional de la Procura que cese en realizado manifestaciones que resulten la profesión.
Decidir si organizar como entidad especializada un servicio de depósitos o bien uno de subasta de bienes, porque ambos no pueden ser organizados simultáneamente por el mismo Colegio.
Organizar el servicio de depósito de bienes embargados, pero en ningún caso el de subastas porque ya el Consejo General de Procuradores es entidad especializada en subastas a nivel nacional.
Puede convertirse en entidad especializada para depósitos de bienes y así como en entidad especializada en subastas de bienes por permitirlo la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sólo puede convertirse en entidad especializada para subastas de bienes inmuebles.
No hace falta autorización firmada. Los Procuradores de los Tribunales en ejercicio podrán ser auxiliados en el desempeño de sus actividades por Oficiales habilitados, sin excepción alguna.
No, el acto no es válido al no haberse practicado conforme a las formalidades legales del art 440 LEC, pudiendo incurrir incluso en responsabilidad civil, penal y disciplinaria.
Sí, se permite la sustitución por Oficial habilitado siempre que se haga constar en la diligencia de recepción que el Oficial actúa con autorización de su procurador.
Sí, el acto es válido, ya que puede practicarse por procurador, Oficial habilitado o tercera persona que preste sus servicios para el procurador, siempre que cuente con autorización para ello.
La Ley 1/1996 establece que, obtenido el pago, los profesionales designados de oficio deben devolver las cantidades que, eventualmente, hubieren percibido por su participación en el proceso con cargo a fondos públicos.
Percibiendo ya el/la procurador/a sus derechos profesionales por la Administración competente, el importe de las costas debe ser percibido por su representado, único acreedor de las mismas.
Percibiendo ya el/la procurador/a sus derechos profesionales por la Administración competente, ya no procede reclamar su importe y, por tanto, el mismo debería ser reintegrado a la parte que fue condenada a su pago.
La Ley 1/1996 prevé que en estos casos la parte condena al pago de las costas abone directamente los derechos del procurador/a de oficio a la Administración competente.
Se interrumpen los plazos de las acciones desde la presentación de la solicitud de mediación.
Se interrumpen los plazos de las acciones desde la presentación de la solicitud, siempre y cuando se firme el acta de la sesión constitutiva en los quince días siguientes.
Se interrumpen los plazos de las acciones desde la presentación de la solicitud, siempre y cuando se firme el acta de la sesión constitutiva y el procedimiento de mediación finalice con acuerdo.
Se interrumpen los plazos de las acciones desde la presentación de la solicitud, siempre y cuando se firme el acta de la sesión constitutiva y el procedimiento de mediación finalice con acuerdo y se protocolice ante Notario.