No. Los derechos y honorarios devengados por abogado y procurador se excluirán siempre y en todo caso pues su intervención no es preceptiva.
Sí. La condena en costas incluirá siempre y en todo caso los derechos y honorarios devengados por abogado y procurador.
Únicamente podrán incluirse si el Tribunal aprecia temeridad en la conducta del condenado en costas, pero no en ningún otro supuesto.
Únicamente podrán incluirse si el Tribunal aprecia temeridad o abuso del servicio público de justicia en la conducta del condenado en costas o si el domicilio de la parte representada y defendida está en partido judicial distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio.
La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus trámites, incluida la ejecución así como a cualquier proceso distinto.
La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus trámites, con excepción de la ejecución, pero no podrá aplicarse a un proceso distinto.
El derecho a la asistencia jurídica gratuita se mantendrá para la interposición y sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones que pongan fin al proceso en la correspondiente instancia.
El derecho a la asistencia jurídica gratuita nunca se extiende a la interposición y sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones que pongan fin al proceso en la correspondiente instancia.
No. Quedan excluidos de tal requisito los asuntos de cualquier naturaleza, con independencia del orden jurisdiccional ante el que deban ventilarse, en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público.
Sí. El requisito de procedibilidad se aplica en todo caso a los asuntos de cualquier naturaleza, con independencia del orden jurisdiccional ante el que deban ventilarse, en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público.
Sí, pero únicamente cuando se trate de asuntos cuya competencia corresponda al orden jurisdiccional civil en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público.
Sí, pero únicamente cuando se trate de asuntos cuya competencia corresponda al orden jurisdiccional laboral en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público.
En aquellos supuestos en los que el Ministerio Fiscal haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el órgano jurisdiccional aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
En aquellos supuestos en los que el órgano jurisdiccional advierta que el Ministerio Fiscal ha actuado con mala fe.
En aquellos supuestos en los que el órgano jurisdiccional advierta que el Ministerio Fiscal ha actuado con temeridad.
La oferta vinculante se entenderá aceptada si no ha sido rechazada expresamente.
La oferta vinculante decaerá y la parte requirente podrá ejercitar la acción que le corresponda ante el tribunal competente, entendiendo que se ha cumplido el requisito de procedibilidad.
La oferta vinculante decaerá y la parte requirente deberá intentar un proceso de derecho colaborativo.
Se entenderá automáticamente ejercitada la acción judicial correspondiente.
Cuando la defunción de un litigante conste al Tribunal que conoce del asunto y no se personare el sucesor en el plazo de los cinco días siguientes, el letrado de la Administración de Justicia por medio de diligencia de ordenación permitirá a las demás partes pedir, con identificación de los sucesores y de su domicilio o residencia, que se les notifique la existencia del proceso, emplazándoles para comparecer en el plazo de diez días.
Cuando la defunción de un litigante conste al Tribunal que conoce del asunto y no se personare el sucesor en el plazo de los cinco días siguientes, el letrado de la Administración de Justicia por medio de decreto permitirá a las demás partes pedir, con identificación de los sucesores y de su domicilio o residencia, que se les notifique la existencia del proceso, emplazándoles para comparecer en el plazo de diez días.
Cuando la defunción de un litigante conste al Tribunal que conoce del asunto y no se personare el sucesor en el plazo de los diez días siguientes, el letrado de la Administración de Justicia por medio de diligencia de ordenación permitirá a las demás partes pedir, con identificación de los sucesores y de su domicilio o residencia, que se les notifique la existencia del proceso, emplazándoles para comparecer en el plazo de veinte días.
Cuando la defunción de un litigante conste al Tribunal que conoce del asunto y no se personare el sucesor en el plazo de los diez días siguientes, el letrado de la Administración de Justicia por medio de decreto permitirá a las demás partes pedir, con identificación de los sucesores y de su domicilio o residencia, que se les notifique la existencia del proceso, emplazándoles para comparecer en el plazo de veinte días.
Sí, se tendrán por abandonadas las instancias y recursos en toda clase de pleitos si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad procesal alguna en el plazo de seis meses, cuando el pleito se hallare en fase de ejecución
Sí, se tendrán por abandonadas las instancias y recursos en toda clase de pleitos si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad procesal alguna en el plazo de un año, cuando el pleito se hallare en fase de ejecución
Sí, se tendrán por abandonadas las instancias y recursos en toda clase de pleitos si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad procesal alguna en el plazo de dos años, cuando el pleito se hallare en fase de ejecución
No, las disposiciones sobre caducidad no serán aplicables en las actuaciones para la ejecución forzosa.
Si se hubieren acumulado varias acciones indebidamente, el letrado de la Administración de Justicia requerirá al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de cinco días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuere posible. Transcurrido el término sin que se produzca la subsanación, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por el actor, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda.
Si se hubieren acumulado varias acciones indebidamente, el juez o jueza requerirá al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de cinco días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuere posible. Transcurrido el término sin que se produzca la subsanación, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por el actor, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda.
Si se hubieren acumulado varias acciones indebidamente, el letrado de la Administración de Justicia requerirá al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de diez días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuere posible. Transcurrido el término sin que se produzca la subsanación, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por el actor, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda.
Si se hubieren acumulado varias acciones indebidamente, el juez o jueza requerirá al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de diez días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuere posible. Transcurrido el término sin que se produzca la subsanación, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por el actor, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda.
En el plazo de diez días, el tribunal dictará sentencia resolviendo sobre la oposición. La sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada, respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente.
En el plazo de diez días, el tribunal dictará sentencia resolviendo sobre la oposición. La sentencia firme dictada en juicio cambiario no producirá efectos de cosa juzgada, pudiéndose plantear la cuestión debatida en el juicio declarativo correspondiente.
En el plazo de veinte días, el tribunal dictará sentencia resolviendo sobre la oposición. La sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada, respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente.
En el plazo de veinte días, el tribunal dictará sentencia resolviendo sobre la oposición. La sentencia firme dictada en juicio cambiario no producirá efectos de cosa juzgada, pudiéndose plantear la cuestión debatida en el juicio declarativo correspondiente.
El recurso de apelación se preparará ante el tribunal que sea competente para conocer del mismo, en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución impugnada.
El recurso de apelación se preparará ante el tribunal que sea competente para conocer del mismo, en el plazo de veinte días desde la notificación de la resolución impugnada.
El recurso de apelación se preparará ante el tribunal que sea competente para conocer del mismo, en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución impugnada.
El recurso de apelación se interpondrá directamente sin necesidad de preparación.
Derecho a ser informada en todo momento sobre la situación penitenciaria del presunto agresor.
Derecho a retirar la orden de protección cuando lo estime oportuno.
Derecho a que el juez se pronuncie sobre la pertinencia de la adopción de las medidas de naturaleza civil respecto de los hijos menores de edad de la víctima.
Derecho a ser informada permanentemente sobre la situación procesal del investigado o encausado, así como sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas.
Sí, necesariamente. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones.
No, no habrá pronunciamiento de costas a favor de aquella parte que hubiere rehusado expresamente y sin justa causa participar en un medio adecuado de solución de controversias al que hubiese sido efectivamente convocada.
Sí, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
No, Carla podrá ser condenada en costas pues el Tribunal podrá acordar, en decisión debidamente motivada, condenar en costas a la parte que no hubiera acudido, sin causa que los justifique, a un medio adecuado de solución de controversias cuando fuera legalmente preceptivo, aun cuando la demanda hubiera sido desestimada en su favor.
Sí, el plazo para la interposición del recurso continúa corriendo pese a la solicitud de aclaración formulada.
Sí, el plazo para la interposición del recurso únicamente habría quedado en suspenso de haber solicitado la rectificación de la sentencia, pero no por la solicitud de aclaración.
No, el plazo para la interposición del recurso quedó interrumpido desde la solicitud de aclaración.
Una vez transcurran diez días desde la solicitud formulada sin haber sido resuelta la misma comenzará a computarse el plazo para la interposición del recurso, debiendo proceder entonces a la interposición del mismo.
En ningún caso. El proceso de negociación y la documentación utilizada en el mismo son confidenciales y Juan no puede quebrar tal deber de confidencialidad.
Sí, Juan está facultado para aportar tal documentación y ello no porque haya sido solicitado por un juez, sino porque el deber de confidencialidad se extiende al proceso judicial pero no a la negociación previa.
Únicamente cuando la persona a la que asiste le haya dispensado expresamente y por escrito del deber de confidencialidad.
Sí, la prohibición de aportar documentación derivada del proceso de negociación encuentra una excepción cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces y juezas del orden jurisdiccional penal.
Sí, salvo que la cuantía del asunto controvertido no supere los 2.000 euros o que una ley sectorial no exija la intervención de letrado o letrada para la realización o aceptación de la oferta.
No, la asistencia letrada únicamente es preceptiva cuando se utilice como medio adecuado de solución de controversias la conciliación privada, excepto cuanto la cuantía del asunto controvertido no supere los 6.000 euros.
Sí, con independencia del medio adecuado utilizado, ya que en todos los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional es preceptiva la asistencia letrada a las partes.
No, ya que en ninguno de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional es preceptiva la asistencia letrada a las partes y ello sin perjuicio de que las partes puedan acudir a cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias asistidas de profesional de la abogacía.
Pueden ser ejecutadas por la Sala, la Gran Sala o el Pleno, según quien las haya dictado.
Serán ejecutadas por la Sala de ejecución, con independencia de si fueron dictadas por la Gran Sala o el Pleno.
El Convenio prevé que las Altas Partes contratantes se comprometan a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios que sean parte, careciendo el Tribunal de competencia para su ejecución.
El Convenio únicamente prevé que todos los Estados se comprometan a acatar las sentencias definitivas del tribunal en cualquier tipo de litigio, aunque no fuesen parte en el mismo.
Al recurrente, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.
Al recurrente, sin que el órgano jurisdiccional pueda exceptuar esta imposición en ningún caso.
No habrá imposición de costas al tratarse de un recurso de apelación en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
Al recurrente únicamente si se le hubiera condenado en costas en instancia, vinculando tal pronunciamiento al órgano jurisdiccional que resuelve el recurso de apelación.
No. El tratamiento de datos personales relativos a condenas únicamente podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, que no recoge entre sus supuestos el tratamiento de datos llevado a cabo por un profesional de la abogacía para el ejercicio de sus funciones.
Sí. El tratamiento de datos referido a condenas será posible cuando sean llevado a cabo por profesionales de la abogacía y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.
No. El profesional de la abogacía podrá llevar a cabo el tratamiento de datos referido a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, pero no a condenas.
No. La normativa de protección de datos no admite en ningún caso el tratamiento de datos referido a condenas, así como tampoco a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas.
Sí. Catalina puede dirigirse, indistintamente, a la parte contraria o al profesional de la abogacía que asiste a esta.
No. Catalina no podrá entrar en contacto directo con la parte contraria y solo se podrá relacionar con ella a través de su profesional de la abogacía, salvo que este lo autorice expresamente.
Sí. Catalina debe dirigirse a la parte contraria directamente, pues las relaciones con su profesional de la abogacía deben limitarse a las actuaciones que se lleven a cabo ante el órgano judicial.
No. Catalina no podrá entrar en contacto directo con la parte contraria, debiendo únicamente relacionarse con ella a través de su abogado, sin que este puede autorizar el contacto directo con su cliente.
Mientras el proceso no haya concluido por sentencia firme, salvo que el conflicto se refiera a la ejecución del fallo, de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal.
Antes de que se formule el trámite de contestación a la demanda y siempre de oficio.
Mientras que no haya sido dictada sentencia, de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal.
Mientras no haya sido dictada sentencia, cuando se promueva de oficio, y antes de la celebración de la vista si se promueve a instancia de parte o del Ministerio Fiscal.
No podrán suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales subordinados entre sí.
Las cuestiones de competencia entre órganos de un mismo orden jurisdiccional se resolverán por una Sala especial del Tribunal Supremo, la Sala de conflictos de competencia.
En la resolución en la que se declare la falta de competencia no se expresará el órgano que se considere competente.
Las cuestiones de competencia se suscitan entre jueces y tribunales subordinados entre sí.
Podrá realizar las actividades materiales propias de la ejecución que le hayan sido expresamente delegadas por el letrado o letrada de la Administración de Justicia, con los límites y en los supuestos establecidos.
Podrá realizar las actividades materiales propias de la ejecución que le hayan sido expresamente delegadas por el juez, jueza o tribunal, con los límites y en los supuestos establecidos.
Podrá realizar las actividades materiales propias de la ejecución que le hayan sido expresamente delegadas por el abogado o abogada directores del procedimiento, con los límites y en los supuestos establecidos.
Podrá realizar las actividades materiales propias de la ejecución sin que hayan sido expresamente delegadas, en ningún caso, por la autoridad judicial.
Los documentos objeto de notificación o traslado al extranjero remitidos por España como consecuencia de una comisión rogatoria nunca serán objeto de traducción a la lengua oficial del Estado requerido, con independencia de si el destinatario conoce o no el castellano.
Sin perjuicio de lo que pueda exigir la ley del Estado de destino, los documentos objeto de notificación o traslado al extranjero deberán acompañarse siempre de una traducción al francés, italiano e inglés, con independencia del Estado de destino.
Sin perjuicio de lo que pueda exigir la ley del Estado de destino, los documentos objeto de notificación o traslado al extranjero deberán acompañarse de una traducción a la lengua oficial del Estado de destino o a una lengua que el destinatario entienda.
Conforme a lo establecido en la legislación española, nunca se podrá realizar un acto de notificación y traslado de documentos a Ruanda, mediante Comisión Rogatoria, para hacer el emplazamiento del demandado en un procedimiento civil.
Cuando la suspensión de vistas o actuaciones que se pretenda se funde en causas que se refieran especialmente al abogado deberá este firmar el escrito, necesariamente, para que sea admitido a trámite.
Cuando la suspensión de vistas o actuaciones que se pretenda se funde en causas que se refieran especialmente al abogado, el cliente deberá siempre presentarlo por sí mismo.
Cuando la suspensión de vistas o actuaciones que se pretenda se funde en causas que se refieran especialmente al abogado, nunca deberá este firmar el escrito.
Cuando la suspensión de vistas o actuaciones que se pretenda se funde en causas que se refieran especialmente al abogado también deberá este firmar el escrito, si fuera posible.