La demanda tiene que presentarse necesariamente ante el Juzgado de lo Social donde la empresa demandada tiene su domicilio.
La demanda podrá presentarse ante el Juzgado de lo Social de alguna de las distintas circunscripciones territoriales en las que presta sus servicios, pudiendo elegir entre aquel en el que tenga su domicilio, el del contrato, si hallándose en él el demandado pudiera ser citado, o el del domicilio del demandado.
La demanda deberá presentarse ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ya que afecta al territorio de varias Comunidades Autónomas.
Tiene que presentarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al prestar sus servicios en dos provincias del territorio de esta Comunidad Autónoma.
Las partes deben estar asistidas o de Abogado o Abogada o de Graduado o Graduada social desde la presentación de la demanda.
En la jurisdicción social es facultativa la intervención de estos profesionales.
Si el demandante pretende asistir con Abogado o Abogada deberá indicarlo en la demanda. En estos casos, el demandado necesariamente deberá intervenir en el procedimiento con Abogado o Abogada o con Graduado o Graduada social.
La intervención de estos profesionales tendrá carácter facultativo en la instancia. Sin embargo, en el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por profesional de la Abogacía o representados técnicamente por Graduado o Graduada social colegiado o colegiada. En el recurso de casación y en las actuaciones procesales ante el Tribunal Supremo será preceptiva la defensa de Abogado o Abogada.
Únicamente limitarse a no ejercer funciones de representación en asuntos que se tramiten en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Alicante.
Comunicar, sin dilación alguna, a la Junta de Gobierno de su Colegio y al Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Alicante, cesando inmediatamente en la representación que ostenta, y absteniéndose de ejercer su profesión ante dicho órgano jurisdiccional mientras dure la causa.
Comunicar a su Colegio la concurrencia de la causa de abstención.
Comunicar al Juzgado Decano de Alicante la concurrencia de la causa de abstención.
El Secretario del Colegio de Procuradores de Badajoz debe comunicar, inmediatamente, las bajas que se produzcan en la corporación a todos los juzgados y tribunales de su territorio, así como al Consejo General de Procuradores de los Tribunales.
Es la propia Sofía quien tiene la obligación de comunicar al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo General de Procuradores de los Tribunales su baja colegial.
Es el Consejo General de Procuradores de los Tribunales quien debe comunicar, inmediatamente, la baja de Sofía al Consejo General del Poder Judicial.
Es el Secretario del Consejo de Colegios de Procuradores de Extremadura debe comunicar, inmediatamente, la baja de Sofía a todos los juzgados y tribunales de Extremadura, así como al Consejo General de Procuradores de los Tribunales.
No, el/la procurador/a no ejerciente sólo, podrá actuar por sí mismo/a ante el órgano jurisdiccional, sin necesidad de otro/a procurador/a que lo represente, cuando él fuese parte en el proceso.
No, sólo los/las procuradores/as ejercientes pueden representarse a sí mismos en un proceso en el que sean parte.
Sí, al tratarse de su mujer quien es parte en el proceso.
Sí, siempre que el proceso se sustancie en el lugar de residencia del procurador/a no ejerciente y obtenga la previa autorización de la Junta de Gobierno del Colegio correspondiente o la habilitación provisional del Decano.
No, no existe otra posibilidad, el poderdante debe entonces acudir a un notario para realizar el apoderamiento.
No, no existe otra posibilidad, el poderdante debe entonces acudir a un notario para realizar el apoderamiento o redactar un apoderamiento ológrafo.
El poderdante debe solicitar a otro Juzgado cita previa antes del 31 de julio para realizar el apoderamiento apud acta.
El poderdante puede otorgar el poder por comparecencia electrónica en la sede judicial electrónica del Ministerio de Justicia con su firma electrónica.
No, sólo puede instar la vía disciplinaria ante el órgano de gobierno de mi Colegio de adscripción.
Sí. Los/las procuradores/as están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia en su ejercicio profesional causen daño y/o perjuicio a su representado.
Solo podrá demandar al procurador/a cuando éste/a tenga cobertura aseguradora de la responsabilidad civil profesional.
No. El poderdante debe acudir al procedimiento de mediación previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
No, porque el ejecutante no podrá solicitar más de un treinta por ciento en concepto de intereses que puedan devengarse en la ejecución y costas de ésta, de la cantidad que se reclame por principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos.
No, porque el ejecutante no puede solicitar cantidad alguna que no resulte líquida al momento de presentar la demanda ejecutiva, siendo a costa del ejecutante los gastos y costas que se vayan produciendo.
Sí, el ejecutante puede fijar la cantidad que estime conveniente para intereses y costas de la ejecución, sin perjuicio de la posterior liquidación.
Sí, la cantidad que el ejecutante puede fijar en la demanda ejecutiva para intereses que se devenguen en la ejecución y costas de ésta puede ser superior al treinta por ciento del principal y de los intereses ordinarios y moratorios vencidos, siempre que justifique, en atención a la previsible duración de la ejecución y al tipo de interés aplicable, que los intereses y costas de la ejecución superaran el treinta por ciento de principal e intereses vencidos.
Sí, la parte demandada puede interponer recurso de apelación que resolverá el órgano ad quem.
Sí, la parte demandada puede interponer recurso de reposición.
No, pero La parte demandada podrá oponerse por escrito dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto, alegando los motivos procesales y/o de fondo previstos legalmente.
No, la parte demandada sólo podrá hacer valer sus derechos en el proceso ordinario correspondiente.
El mismo día de su expedición el/la letrado/a de la administración de justicia remitirá al Registro de la Propiedad el mandamiento por fax, o por cualesquiera otros medios electrónicos, informáticos y similares previstos legalmente (art. 162 LEC).
Dentro de los tres días siguientes al de su expedición el/la letrado/a de la administración de justicia remitirá al Registro de la Propiedad el mandamiento por fax, o por cualesquiera otros medios electrónicos, informáticos y similares previstos legalmente (art. 162 LEC).
El mismo día de su expedición el/la juez/a remitirá al Registro de la Propiedad el mandamiento por fax, o por cualesquiera otros medios electrónicos, informáticos y similares previstos legalmente (art. 162 LEC).
El mandamiento para que se haga la anotación preventiva de embargo habrá de ser entregado en el Registro de la Propiedad por el/la procurador/a del ejecutante, pues el órgano judicial no es el encargado de gestionar este tipo de actos de comunicación.
Se volverá a celebrar la subasta, transcurridos veinte días, sobre los mismos bienes embargados.
Podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por la cantidad que estime justa.
Se procederá a la venta de los bienes por persona o entidad especializada.
Se procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado, si el acreedor no solicita la adjudicación de los bienes por el 20 por 100 del valor de tasación, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. RESTO DE PREGUNTAS
Unidades de la Oficina judicial que, sin estar integradas en un Juzgado concreto, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo derivadas de la aplicación de las leyes procesales. Dicho apoyo se presta a todos o alguno de los Juzgados de su ámbito territorial.
Unidades de la Oficina judicial que, sin estar integradas en un Juzgado concreto, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo a los Jueces y Magistrados derivadas de la aplicación de las leyes procesales. Dicho apoyo se presta a todos o alguno de los Juzgados de su ámbito territorial.
Unidades de la Oficina judicial que asisten directamente a Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten.
Unidades que, sin estar integradas en la Oficina judicial, se constituyen en el ámbito de la organización de la Administración de Justicia para la jefatura, ordenación y gestión de los recursos humanos de la Oficina judicial sobre los que se tienen competencias, así como sobre los medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales.
En los procesos no dispositivos, sin perjuicio de las pruebas que se practican a instancia de parte, el tribunal podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes.
Como regla general, los procesos no dispositivos se sustancian por los trámites del juicio verbal.
En los procesos no dispositivos no surtirán efecto la renuncia, el allanamiento ni la transacción.
En los procesos no dispositivos la intervención del Ministerio Fiscal es obligatoria en todos los casos.
La falta de abono de la tasa se considera un defecto subsanable, debiendo requerir el/la letrado/a de la Administración de Justicia al sujeto pasivo para su abono en un plazo de diez días.
La falta de abono de la tasa se considera un defecto subsanable, pudiendo el sujeto pasivo realizar el pago en cualquier momento anterior a la finalización del proceso en la instancia de que se trate.
La falta de abono de la tasa se considera un defecto insubsanable, dando lugar a la preclusión o pérdida del acto procesal y a la consiguiente finalización del procedimiento.
No se trata de ningún defecto ya que las personas jurídicas están exentas del pago de las tasas judiciales.
No, los procedimientos monitorios se encuentran exceptuados de la comparecencia obligatoria por medio de procurador/a.
No, hasta los 6.000 euros no es obligatoria la comparecencia por medio de procurador/a.
Sí, dado que la oposición en el monitorio sigue la regla general de que la cuantía no exceda de 2.000 euros para exceptuar la comparecencia obligatoria por medio de procurador/a.
Sí, dado que los procedimientos monitorios no se encuentran exceptuados de la comparecencia obligatoria por medio de procurador/a.
No, porque de acuerdo con el R. 1393/2007 el concepto de domicilio a efecto de notificaciones es un concepto autónomo y el demandado no tiene su residencia habitual en España.
Sí, porque de acuerdo con el R. 1393/2007 el concepto de domicilio a efecto de notificaciones incluye en demandas sobre alquiler de inmuebles el del lugar de situación de estos (lex rei sitae).
Sí, porque de acuerdo con la LEC, en los procesos seguidos en España basta con que el notificando tenga alguna presencia en territorio español para que la notificación deba practicarse en España (lex fori regit processum).
Sí, porque de acuerdo la LCJI, en los procesos seguidos en España basta con que el notificando tenga alguna presencia en territorio español para que la notificación deba practicarse en España (lex fori regit processum).
El plazo para contestar a la reconvención es de veinte días en el juicio ordinario y de diez días en el juicio verbal, a partir de la notificación de la demanda reconvencional.
El plazo para contestar a la reconvención es de diez días en el juicio ordinario y de veinte días en el juicio verbal, a partir de la notificación de la demanda reconvencional.
El plazo para contestar a la reconvención es de veinte días tanto en el juicio ordinario como en el juicio verbal, a partir de la notificación de la demanda reconvencional.
El plazo para contestar a la reconvención es de diez días tanto en el juicio ordinario como en el juicio verbal, a partir de la notificación de la demanda reconvencional.
Sí, siempre que no haya transcurrido más de un año desde que la sentencia fue dictada.
Sí, siempre que no hayan transcurrido más de dos años desde que la sentencia fue dictada.
Sí, en cualquier caso, la ejecución de una sentencia ha de ser tramitada por el mismo procurador del turno de oficio que representó a la parte durante la tramitación del proceso declarativo.
No, porque para la ejecución ha de realizarse una nueva designación.
La demanda habrá de dirigirse necesariamente contra los ocupantes de la misma, siendo necesario proceder con carácter previo a su identificación.
Si el demandante solicita la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el decreto de admisión se requerirá a sus ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días, título que justifique su situación posesoria.
Si el demandado/s no contestan a la demanda en plazo, se les declarará en rebeldía y el proceso proseguirá con normalidad.
La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, una vez transcurrido el plazo de espera de veinte días contemplado en la LEC para la ejecución de títulos judiciales.
Sí, porque la tercería de dominio puede interponerse también cuando el embargo es preventivo, aunque deberá acompañarse de un principio de prueba por escrito del fundamento del tercerista.
Sí, porque la tercería de dominio puede interponerse también cuando el embargo es preventivo, sin necesidad de aportar ninguna documentación.
No, porque la tercería de dominio sólo puede interponerse cuando el bien es embargado de forma definitiva y siempre que existan dudas razonables acerca de su propiedad.
No, porque La tercería de dominio sólo puede interponerse por un bien embargado de forma definitiva, no preventiva.
Debe recurrir la resolución, pues nada impide que se expidan certificaciones de cargas por la existencia de ejecuciones hipotecarias varias por la misma carga.
Debe solicitar al Juzgado que le entregó el mandamiento de certificación que intenta inscribir que ordene la cancelación de la carga anterior.
Debe desistir de la ejecución instada que no podrá interponer hasta que la cancelación de la anotación anterior esté realizada.
Debe indicar a su cliente o abogado que hay que solicitar en el anterior procedimiento que se cancele la anotación marginal, pues son anotaciones incompatibles.
No, dado que los procedimientos de adopción, a pesar de ser actos de jurisdicción voluntaria, se entienden especialmente sensibles, y deben intervenir tanto abogado/a como procurador/a, además del Ministerio Fiscal.
No, la intervención de procurador/a es obligatoria en todos los actos de jurisdicción voluntaria que superen los dos mil euros.
Sí, dado que los procedimientos de adopción son actos de jurisdicción voluntaria y por tanto no es preceptiva la representación procesal, si bien el cliente puede acudir con procurador/a al mismo.
Sí, dado que los procedimientos de adopción son actos de jurisdicción voluntaria y por tanto es preceptiva únicamente la asistencia de un abogado/a.
Debe inhibirse a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Murcia.
Decretará la suspensión del proceso de divorcio por existencia de prejudicialidad penal.
Continuará sustanciando el proceso civil, si bien la eventual sentencia penal que pudiera recaer podrá incorporarse a las actuaciones del proceso de divorcio en cualquier momento.
Tras tener conocimiento de la orden de protección, y a la vista de la documentación de ésta, elevará exposición circunstanciada al órgano superior común para que sea éste el que decida si el proceso ha de continuar o no.
Contra Mario y Julia, de forma solidaria, ya que al compartir el mismo despacho están ejerciendo de forma colectiva, y por tanto la responsabilidad es de ambos.
Contra Mario exclusivamente porque el compartir local, instalaciones o servicios sin identificación conjunta ante la clientela, no conlleva la pérdida de condición del ejercicio de forma individual.
Contra Mario y Julia, solicitando en primer lugar la condena de Mario, como responsable directo del perjuicio causado, y subsidiariamente contra ambos solidariamente al ejercer en el mismo despacho.
Contra Mario y Julia, de forma mancomunada al cincuenta por ciento cada uno por ser ese el porcentaje de participación de cada uno de los gastos de alquiler, limpieza, etc.