La ejecución provisional solo podrá pedirse desde que adquiera firmeza la resolución que tenga por preparado el recurso de apelación.
La ejecución provisional podrá pedirse en cualquier momento desde la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto el recurso de apelación o, en su caso, desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, y siempre antes de que haya recaído sentencia en éste.
La ejecución provisional podrá pedirse dentro del plazo de los diez días siguientes a la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto el recurso de apelación.
La prueba se propondrá de forma verbal o escrita, según la voluntad de las partes procesales.
La prueba se propondrá de forma verbal, sin que sea necesario aportar en el acto escrito detallado de la misma.
La prueba se propondrá de forma verbal, sin perjuicio de la obligación de las partes de aportar en el acto escrito detallado de la misma, pudiendo completarlo durante la audiencia.
El Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la demandada, en este caso, Madrid.
El Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la demandante, en este caso, Barakaldo.
El Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se realizó el negocio jurídico del cual trae causa, en este caso, Badajoz.
El Juzgado de Primera Instancia del lugar que tenga relación directa o indirecta con el negocio, en este caso, Madrid, Barakaldo o Badajoz, indistintamente.
El Ayuntamiento podrá denunciar mediante declinatoria la falta de jurisdicción por
El Ayuntamiento podrá denunciar mediante requisitoria la falta de jurisdicción por
El Ayuntamiento podrá denunciar mediante inhibitoria la falta de jurisdicción por
El Ayuntamiento podrá denunciar mediante consorcio pasivo necesario la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Preguntas sobre derechos civiles forales
Sí, dado que para que la ausencia en juicio no determine la renuncia a la acción civil, el perjudicado ha de estar constituido como acusador particular.
No, dado que, en todo caso, la renuncia del ofendido a la acción civil debe ser expresa.
Sí, dado que, en todo caso, la incomparecencia del perjudicado impide que el órgano judicial disponga de material probatorio para determinar la existencia de responsabilidad civil.
No, dado que el delito leve de hurto es un delito de carácter público y por tanto perseguible de oficio.
Debe comparecer representado por profesional de la Abogacía y de la Procura o bien mediante Graduado social, a su elección. La representación debe conferirse mediante poder otorgado por comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia o por escritura pública.
Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a profesional de la Abogacía, Procura, Graduado Social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Las partes podrán comparecer por sí mismas, pero si deciden conferir su representación a tercero, necesariamente debe ser profesional de la Abogacía, de la Procura o Graduado Social colegiado.
Las partes deben comparecer obligatoriamente mediante profesional de la Abogacía y Procura.
Sí. Si la sentencia favorable al beneficiario fuera revocada en suplicación estará obligado al reintegro de la totalidad de las cantidades percibidas.
No es posible que haya percibido cantidad alguna en concepto de prestación de pago periódico, puesto que estas sentencias solo son ejecutivas al alcanzar firmeza.
No. Si la sentencia favorable al beneficiario fuere revocada, en todo o en parte, no estará obligado al reintegro de las cantidades percibidas durante el período de ejecución provisional, pero no podrá reclamar que se le abonen las prestaciones devengadas durante la tramitación del recurso que aún no hubiere percibido en la fecha de firmeza de la sentencia.
No. Si la sentencia favorable al beneficiario fuere revocada, en todo o en parte, no estará obligado al reintegro de las cantidades percibidas durante el período de ejecución provisional, y además conservará el derecho a que se le abonen las prestaciones devengadas durante la tramitación del recurso y que no hubiere aún percibido en la fecha de firmeza de la sentencia.
No, dado que el planteamiento de las cuestiones incidentales únicamente es posible en los juicios verbales.
No, pues en el procedimiento ordinario no se admite el planteamiento de ninguna cuestión incidental una vez iniciado el juicio.
Sí, ya que al tratarse la capacidad y representación de una cuestión incidental de especial pronunciamiento su resolución tendrá lugar en sentencia una vez terminado el juicio.
Sí, pero siempre que la cuestión se plantee antes de formular oralmente sus conclusiones.
Al ser una estimación parcial de un recurso presentado por una sola de las partes, corresponde imponer las costas causadas a su instancia a la parte que interpuso el recurso.
No, ya que en los casos de estimación total o parcial de un recurso de apelación no se condenará en las costas a ninguno de los litigantes.
Sí, deberán ser impuestas a ambas partes las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Deberán ser impuestas a la parte favorecida en primera instancia cuyo fallo estimatorio fue después revocado parcialmente en segunda instancia.
No, pues solo es posible desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para el juicio.
Sí, al encontrarse el demandado en rebeldía.
No, pues para desistir, a diferencia que para renunciar, es necesario el concurso de la otra parte, la cual en este caso se encuentra en rebeldía.
Sí, dado que el desistimiento puede efectuarse en cualquier momento.
Sí, para ello deberá dirigir escrito al Letrado de la Administración de Justicia que dará traslado a la otra parte por tres días para que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de las partidas reclamadas. Si el Letrado de la Administración de Justicia, mediante decreto, desestimare la impugnación, podrá Carme interponer los recursos previstos legalmente.
Sí, mediante la interposición directa de recurso contra la tasación.
No, dado que las tasaciones solo pueden ser impugnadas por indebidas o excesivas según establece el artículo 245 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sí, pero para ello deberá haber solicitado previamente informe al Colegio de la Abogacía sobre la viabilidad de su impugnación.
Cada orden jurisdiccional podrá conocer de todos los asuntos que no le estén atribuidos privativamente siempre que se trate de cuestiones devolutivas.
La Ley Orgánica del Poder Judicial no hace mención alguna al régimen de las cuestiones prejudiciales.
Cada orden jurisdiccional podrá conocer de todos los asuntos que no le estén atribuidos privativamente siempre que se trate de cuestiones no devolutivas de carácter civil.
Cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente.
Es viable la acción de responsabilidad civil contra Caridad, toda vez que se ha producido un perjuicio para su cliente al no haber sido estimada su demanda.
Es viable la reclamación por responsabilidad civil a la Abogada teniendo derecho Martina a reclamar, por la pérdida de oportunidad, la cantidad que había sido objeto de demanda.
No es viable, siempre que no se haya producido ningún incumplimiento del deber profesional de la Abogada, al ser su obligación únicamente de medios y no de resultados.
No es viable, salvo que Caridad hubiese sido condenada en costas a consecuencia de la desestimación.
No, al haber transcurrido más de dos años desde el dictado de la resolución judicial y de la realización de actuaciones procesales de ejecución.
No, al haber transcurrido más de un año desde el dictado de la resolución judicial y de la realización de actuaciones procesales de ejecución.
Sí, pues es obligación del Abogado designado por el turno de oficio desempeñar sus funciones de forma real y efectiva hasta la finalización del procedimiento.
La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios.
La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no guarden relación con el objeto de dichos contratos.
La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos.
Son verdaderas todas las respuestas de esta pregunta.
Dado que se ha ausentado del trabajo durante más de dos jornadas laborales, la consecuencia será en todo caso que la pena se entienda incumplida, y el Juez de Vigilancia Penitenciaria habrá de acordar deducción de testimonio para proceder contra Andrea por quebrantamiento de condena.
Las faltas del trabajo por causa justificada no se entenderán como abandono de la actividad. Los días perdidos se tendrán por trabajados, por lo que se computarán a Andrea como efectivamente cumplidos en la liquidación de condena.
Dado que se ha ausentado del trabajo durante más de dos jornadas laborales, el Juez de Vigilancia Penitenciaria impondrá a Andrea en todo caso el cumplimiento de un día adicional de trabajo por cada dos faltas, aunque estas faltas hayan sido justificadas.
Las faltas del trabajo por causa justificada no se entenderán como abandono de la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará a Andrea en la liquidación de condena, en la que se deberán hacer constar los días que efectivamente hubiese trabajado.
La medida en todo caso habrá de cumplirse en un centro de menores infractores, por haber iniciado allí José Luis el cumplimiento.
La medida habrá de cumplirse en todo caso en un centro penitenciario conforme al régimen general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria por haber llegado José Luis a la mayoría de edad.
El Juez de Menores podrá ordenar que el cumplimiento de la medida se lleve a cabo en un centro penitenciario conforme al régimen general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria si la conducta de José Luis no responde a los objetivos propuestos en la sentencia.
El Fiscal, oído el equipo técnico, podrá ordenar que el cumplimiento de la medida se lleve a cabo en un centro penitenciario conforme al régimen general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria si la conducta de José Luis no responde a los objetivos propuestos en la sentencia.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar, al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida de seguridad, correspondiendo al Juez o Tribunal sentenciador adoptar la decisión que proceda sobre el mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida.
Los facultativos y profesionales que asistan a Antonio estarán obligados a elevar, al menos cada seis meses, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida de seguridad, correspondiendo al Juez de Vigilancia Penitenciaria acordar el mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida.
El Ministerio Fiscal estará obligado a elevar, al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida de seguridad, correspondiendo al Juez de Vigilancia Penitenciaria acordar el mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida.
El Ministerio Fiscal estará obligado a elevar, al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida de seguridad, correspondiendo al Juez o Tribunal sentenciador adoptar la decisión que proceda sobre el mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida.