La competencia para conocer de esta demanda corresponderá al orden jurisdiccional social al tratarse de personal laboral al servicio de una Administración pública.
La competencia para conocer de esta demanda corresponderá al orden jurisdiccional contenciosoadministrativo ya que el empleador es una Administración pública.
La competencia para conocer de esta demanda corresponderá al orden jurisdiccional civil.
La competencia corresponderá a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Si no hubiera sido posible notificar personalmente al demandado el requerimiento de pago, la comunicación edictal bastará para que pueda dictarse orden general de ejecución.
Se ha elevado la cuantía del proceso de seis mil a quince mil euros.
Se ha elevado la cuantía de seis mil a dieciocho mil euros.
Se recoge expresamente la necesidad de mediación o conciliación previa.
Solo pueden ser tratados con el consentimiento explícito de las personas afectadas.
Solo pueden ser tratados por los Juzgados y Tribunales competentes.
Pueden ser tratados por profesionales de la Abogacía y de la Procura con el objeto de recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.
No, en ningún caso. El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es siempre confidencial y la información obtenida por el mediador no puede ser revelada bajo ningún concepto.
Sí, siempre que las partes de manera expresa y por escrito le dispensen del deber de confidencialidad.
No, en ningún caso. Solo en el orden jurisdiccional penal, mediante resolución judicial motivada, puede ser Marina dispensada del deber de confidencialidad.
Sí, los mediadores pueden intervenir como testigos en un pleito civil y están obligados a declarar sobre la información de la que hubieran tenido conocimiento por razón de sus cargos.
No, puesto que Jonás se ha allanado antes de la contestación a la demanda.
No, en un caso como este nunca se impondrán costas a ninguno de los litigantes.
Sí, en un caso como este se entenderá que Jonás actuó de mala fe.
No, en este caso, solo cabría la condena en costas a Jonás, si Noelia hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación antes de la interposición de la demanda.
Hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los cinco años
Hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los tres años
Hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los cuatro años
Hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años
Sí, pero únicamente si la demanda es ratificada por el Ministerio Fiscal.
No, ya que solo estaría legitimado el Ministerio Fiscal.
No, ya que solo están legitimados el Ministerio Fiscal, su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, su descendiente, ascendiente o hermano.
No, no cabe la celebración del juicio en ausencia para las personas jurídicas.
Sí. La incomparecencia de la persona especialmente designada por la persona jurídica para su representación no impedirá en ningún caso la celebración de la vista.
Sí, pero únicamente en el caso de que se soliciten penas privativas de libertad inferiores a dos años.
No, salvo que el profesional de la Abogacía que defiende a la persona jurídica renuncie a la práctica de la declaración de Tadeo.
Los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento serán válidos, pero podrán ser anulados si incurren en defecto formal.
La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma en que interpreten lo dispuesto en ellas.
Únicamente las entidades públicas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto.
Puede plantear recurso de suplicación en el acto de la vista también oralmente.
Puede plantear recurso de suplicación transcurridos veinte días desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento voluntario de la sentencia.
No procede recurso de suplicación contra las sentencias dictadas en procesos de impugnación de sanción por falta grave.
Debe anunciar oralmente en el acto su intención de interponer recurso de suplicación, disponiendo de un plazo de diez días para presentar a continuación escrito de interposición del recurso.
Salvo que se hubiera fijado otro plazo diferente, con carácter general las sentencias dictadas frente a entes públicos deberán llevarse a efecto por la Administración o Entidad dentro del plazo de dos meses a partir de su firmeza. Solo transcurrido este plazo podrá la parte interesada solicitar la ejecución.
Una vez alcance firmeza la sentencia, la parte interesada puede en cualquier momento solicitar la ejecución forzosa al Juzgado.
Es el órgano judicial quien en sentencia indicará, en todo caso, el plazo con el que cuenta la Administración o Entidad pública demandada para ejecutarla.
Salvo que se hubiera fijado otro plazo diferente, con carácter general las sentencias dictadas frente a entes públicos deberán llevarse a efecto por la Administración o Entidad dentro del plazo de tres meses a partir de su firmeza. Solo transcurrido este plazo podrá la parte interesada solicitar la ejecución.
Calisto vendrá obligado a reintegrar las prestaciones que ya hubiera percibido durante la tramitación del recurso.
Calisto no estará obligado al reintegro de las cantidades que ya hubiera percibido durante el período de ejecución provisional. Además, conservará el derecho a que se le abonen las prestaciones devengadas durante la tramitación del recurso y que no hubiere aún percibido en la fecha de firmeza de la sentencia.
Calisto no vendrá obligado a reintegrar las prestaciones que ya hubiera percibido durante la tramitación del recurso, que hará suyas definitivamente, pero no podrá reclamar el abono de las que se hubieran devengado durante la tramitación del recurso y aún no hubiera percibido en la fecha de firmeza de la sentencia.
Habrá que estar a lo que disponga la sentencia dictada en el recurso de suplicación.
El Fondo de Garantía Salarial dispondrá de plenas facultades de actuación en el proceso como parte, pudiendo oponer toda clase de excepciones y medios de defensa, aun los personales del demandado, y cuantos hechos obstativos, impeditivos o modificativos puedan dar lugar a la desestimación total o parcial de la demanda, así como proponer y practicar prueba e interponer toda clase de recursos contra las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten.
El Fondo de Garantía Salarial dispondrá de plenas facultades de actuación en el proceso como parte, pudiendo oponer toda clase de excepciones y medios de defensa, excepto los personales del demandado, y cuantos hechos obstativos, impeditivos o modificativos puedan dar lugar a la desestimación total o parcial de la demanda, así como proponer y practicar prueba e interponer toda clase de recursos contra las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten.
El Fondo de Garantía Salarial dispondrá de plenas facultades de actuación en el proceso como parte solo cuando haya sido traído al proceso por alguna de las restantes partes procesales.
El Fondo de Garantía Salarial podrá comparecer como parte en cualquier fase o momento de la tramitación del proceso, cuando resulte necesario en defensa de los intereses públicos que gestiona y dispondrá de plenas facultades de actuación, excepto la de interponer recurso contra la sentencia.
Responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda.
Responsabilidad civil derivada del delito y en responsabilidad penal, la cual excluye la responsabilidad disciplinaria por aplicación del principio non bis in idem.
Responsabilidad civil o, alternativamente, en responsabilidad penal exclusivamente.
Responsabilidad civil, penal y de policía de estrados.
Sí, podrá imponerle una multa que en ningún caso puede superar la tercera parte de la cuantía del litigio.
No, pero podrá apercibirla formalmente para que deponga su actitud.
No, solo cabe interponer multa a alguna de las partes, pero no a los profesionales que intervienen en el proceso.
No, pero podrá dar traslado de tal circunstancia a su Colegio profesional por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria.
No. En los casos de allanamiento no procederá la imposición de costas, salvo que el Tribunal aprecie mala fe en el demandado.
Sí, salvo que el Tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
En los casos de allanamiento, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el Tribunal aprecie que la demandada actuó con temeridad.
Sí, siempre, con independencia de que el caso sea dudoso, puesto que el allanamiento debería haberse producido antes de la contestación a la demanda.
Sí. Dicha cláusula obliga a las partes e impide a los Tribunales conocer de la controversia, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria.
No. Cabe acudir con preferencia a la autoridad judicial a voluntad de cualquiera de las partes.
No, solo si las partes convalidan de mutuo acuerdo esta cláusula de sometimiento a arbitraje una vez que surge el conflicto o disputa.
Podrá ser o no obligatoria, dependiendo de la naturaleza del conflicto. B. MATERIAS ESPECÍFICAS ESPECIALIDAD JURÍDICA EN CIVILMERCANTIL