Pueden promoverlo su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, el Ministerio Fiscal, su descendiente, ascendiente o hermano, pero no la propia persona interesada.
Pueden promoverlo, su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, pero no la propia persona interesada, sus descendientes, ascendientes o hermanos o el Ministerio Fiscal.
Pueden promoverlo la propia persona interesada, su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, su descendiente, ascendiente o hermano y el Ministerio Fiscal.
Pueden promoverlo la propia persona interesada, su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado y el Ministerio Fiscal.
Sí, en la tasación de costas se incluirá la cuenta de la procuradora y la minuta de la abogada, en este último caso con el límite máximo establecido en el artículo 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sí, en la tasación de costas se incluirá la cuenta de la procuradora y la minuta de la abogada, en este último caso sin el límite establecido en el artículo 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sí, en la tasación de costas se incluirá la cuenta de la procuradora y la minuta de la abogada, en este último caso hasta el límite máximo de las dos terceras partes de la cuantía del procedimiento.
Sí, en la tasación de costas se incluirá la cuenta de la procuradora y la minuta de la abogada, en este último caso hasta el límite máximo de las tres quintas partes de la cuantía del procedimiento.
La solicitud de medida cautelar únicamente podrá efectuarse en el escrito de demanda.
Las medidas cautelares no podrán ser revocadas durante el curso del procedimiento.
En ningún caso puede adoptarse medida cautelar sin previa audiencia a la parte contraria.
La medida cautelar podrá denegarse cuando de esta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada.
El trabajador puede solicitar la ejecución provisional de la sentencia, aunque haya sido objeto de recurso de suplicación y obtener un anticipo como máximo hasta el 50 por ciento del importe de la cantidad reconocida.
El trabajador no podrá solicitar la ejecución provisional de la sentencia hasta que sea firme.
El trabajador podrá solicitar la ejecución provisional de la sentencia, aunque haya sido objeto de recurso de suplicación, pero ha de recaer sobre los pronunciamientos que no se hayan impugnado por la empresa en el recurso.
El trabajador puede solicitar la ejecución provisional de la sentencia, aunque haya sido objeto de recurso de suplicación y obtener un anticipo como máximo hasta el 30 por ciento del importe de la cantidad reconocida.
De forma anticipada, con diez días de antelación al acto del juicio, presentada en formato electrónico, salvo que la parte no venga obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, en cuyo caso, se admitirá la presentación en papel o en otros soportes no digitales.
La documental se aportará en el acto del juicio.
Solo podrá trasladarse entre las partes de forma anticipada la prueba documental que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de la práctica de la prueba.
La prueba documental solo podrá aportarse con el escrito de demanda.
En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador no incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Serán incluidos en la tasación de costas los derechos de los procuradores devengados por la realización de los actos procesales de comunicación, cooperación y auxilio a la Administración de Justicia.
Practicada la tasación de costas por el letrado de la Administración de Justicia se dará traslado de ella a las partes por plazo común de diez días.
La parte favorecida por la condena en costas no podrá impugnar la tasación.
Al tratarse de un conflicto de competencia entre juzgados de distinto orden jurisdiccional, el mismo se resolverá por una Sala especial del Tribunal Supremo.
No es posible que se plantee tal conflicto. Ningún juez o tribunal podrá plantear conflicto de competencia a los órganos del orden jurisdiccional penal.
Se resolverá por la Sala de Conflictos de la Jurisdicción, al tratarse de un conflicto de competencia entre juzgados de distinto orden jurisdiccional.
Se resolverá por la Audiencia Provincial como órgano inmediato superior común a los juzgados entre los que se plantea el conflicto de competencia.
Cabe interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, con arreglo a las normas procesales del orden jurisdiccional en el que se hubiera dictado la resolución.
No cabe actuación alguna al tratarse de una resolución judicial firme, y ser el pronunciamiento del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos meramente declarativo.
Cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con arreglo a las normas procesales del orden jurisdiccional en el que se hubiera dictado la resolución.
Cabe interponer recurso de revisión frente a tal resolución judicial firme ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
No procederá la imposición de costas en ningún caso.
El tribunal podrá imponer las costas a Laura, razonándolo debidamente, pues atendiendo a las circunstancias expuestas, se entiende la existencia de mala fe por su parte.
No procede la imposición de costas salvo que el tribunal aprecie mala fe. De las circunstancias expuestas no resulta la existencia de mala fe.
Atendiendo a las circunstancias expuestas, las costas se impondrán necesariamente por mitad.
No es posible plantear conflicto de jurisdicción entre juzgados o tribunales y la Administración. Los conflictos de jurisdicción únicamente pueden ser planteados entre juzgados y tribunales de distinto orden jurisdiccional.
Al Consejo General del Poder Judicial.
A una Sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el Presidente y compuesta por dos Magistrados.
A un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por 5 vocales.
Su contenido consiste en la actividad de asesoramiento, consejo y defensa de derechos e intereses públicos y privados, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia y a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales.
Su contenido consiste en el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos.
Su contenido consiste en la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social.
Su contenido consiste en el desarrollo de la función de representación en juicio del cliente.
Quedará suspendida a instancia del interesado, pero únicamente si se garantiza el importe de dicha sanción.
Quedará suspendida a instancia del interesado, pero únicamente si se garantiza el importe de dicha sanción y los intereses de demora que genere la suspensión.
En vía económico-administrativa no es posible la suspensión de la ejecución de la sanción impugnada.
Quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías.
Tras la aprobación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, las partes deben presentar todos los documentos con antelación al acto de la vista en formato electrónico para su incorporación al expediente judicial.
El órgano judicial puede pedir la aportación anticipada a las partes de la prueba documental, en cualquier caso.
El titular del órgano judicial podrá pedir la aportación anticipada cuando, por su volumen o complejidad, resulte conveniente su examen previo al acto de la vista.
El titular del órgano judicial podrá pedir la aportación anticipada cuando, por su volumen o complejidad, resulte conveniente su examen previo al acto de la vista, pero solo si media previa petición de parte.
Sí. Tras la aprobación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que en su Libro primero introduce medidas de eficiencia digital y procesal del servicio público de justicia, en todo caso, la persona trabajadora en su demanda deberá aportar una dirección de correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que permita su comunicación telemática.
No. La persona trabajadora no está obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, salvo que en el contrato de trabajo hubiera aceptado dicha obligación.
Sí. Tras la aprobación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que en su Libro primero introduce medidas de eficiencia digital y procesal del servicio público de justicia, la persona trabajadora está obligada a relacionarse electrónicamente con el juzgado, salvo que en el contrato de trabajo ambas partes hubieran aceptado la dispensa de esta obligación.
No. La persona trabajadora no está obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, sin que quepa la posibilidad de obligarle en el contrato de trabajo.
No. En los casos de incomparecencia a los actos de conciliación sin causa justificada se aplicarán exclusivamente las medidas del artículo 66.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, que se refiere precisamente a las costas del proceso.
Sí. Además de las costas, la jueza podría imponer a la empresa una sanción pecuniaria, pero solo en el caso de que la parte demandante lo hubiera solicitado en su demanda o en el acto de la vista.
Sí. Además de las costas, la jueza podría imponer a la empresa una sanción pecuniaria, previa solicitud de parte o de oficio.
La jueza está obligada a imponer además una sanción pecuniaria, dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75, siempre que la parte demandante lo haya solicitado en su demanda o en la vista por incomparecencia injustificada de la empresa.
Una vez alcance firmeza la sentencia, la parte interesada puede en cualquier momento solicitar la ejecución forzosa al juzgado.
Habrá que estar al plazo que, en todo caso, el órgano jurisdiccional debe fijar en sentencia.
Salvo que se hubiera fijado otro plazo diferente, con carácter general las sentencias dictadas frente a entes públicos deberán llevarse a efecto por la Administración o Entidad dentro del plazo de tres meses a partir de su firmeza. Solo transcurrido este plazo podrá la parte interesada solicitar la ejecución.
La parte interesada podrá solicitar la ejecución trascurridos dos meses desde la firmeza, salvo que la sentencia hubiera fijado un plazo inferior.
Los Tribunales españoles podrán declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España, siempre que los Tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia.
En defecto de sumisión expresa o tácita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en España, los Tribunales españoles serán competentes en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español.
Los Tribunales españoles serán siempre competentes en materia de sucesiones cuando el causahabiente tenga su residencia en España, con independencia del lugar de la última residencia habitual del causante y el lugar donde se encuentren los bienes.
Serán siempre competentes los Tribunales españoles, aunque su competencia no resulte de otras disposiciones, cuando comparezca ante ellos el demandado en aquellos supuestos en que la comparecencia tenga por objeto impugnar la competencia.
En ningún caso, al derivar la ejecución de un mecanismo extrajudicial de conflictos.
En todo caso, con independencia de la cantidad por la que se despache ejecución.
Únicamente en aquellos supuestos en los que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 500.000 euros, no requiriéndose la intervención cuando la cantidad sea inferior.
Siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros.
Sí, debe proceder al pago inmediato pues el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no comprende, en ningún caso, la obligación de pagar las costas.
No, en ningún caso, al gozar de tal beneficio al tiempo del dictado de la resolución, con independencia de cual sea su situación futura.
Sí, pero únicamente las causadas en su defensa.
Quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna.
El orden jurisdiccional civil es siempre preferente. Ningún Juez o Tribunal podrá plantear conflicto de competencia a los órganos de dicho orden jurisdiccional.
Los conflictos de competencia positivos solo podrán ser planteados por el Ministerio Fiscal.
El orden jurisdiccional penal es siempre preferente. Ningún Juez o Tribunal podrá plantear conflicto de competencia a los órganos de dicho orden jurisdiccional.
Los conflictos de competencia solo pueden ser negativos. No existen los conflictos de competencia positivos.
La declaración se realizará preferentemente mediante presencia telemática, siempre que las oficinas judiciales tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello.
La declaración se realizará preferentemente de forma presencial, y únicamente y en situaciones excepcionales, mediante presencia telemática, siempre que las oficinas judiciales tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello.
La declaración se realizará obligatoriamente de forma presencial, y únicamente y en situaciones excepcionales, mediante presencia telemática, siempre que las oficinas judiciales tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello.
La declaración testifical no podrá realizarse, bajo ningún concepto, mediante videoconferencia.