Sí. En todo caso ha de mediar previo requerimiento a la Administración para que esta pueda cesar en su comportamiento, sin necesidad de acudir a los Tribunales.
No. La Ley prevé en estos casos que el interesado ha de interponer directamente recurso contencioso-administrativo, sin requerimiento previo alguno.
No. La Ley no exige necesariamente el previo requerimiento a la Administración, pudiendo el interesado, a su elección, interponer directamente el recurso contencioso-administrativo o acudir al requerimiento previo.
Sí. El requerimiento previo a la Administración se exige por la Ley antes de acudir al recurso contencioso-administrativo, salvo que se interponga el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, en cuyo caso no ha de acudirse al mismo.
Exclusivamente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Indistintamente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o un operador económico que tenga interés directo en la anulación del acto, actuación o disposición cuestionada.
El particular, persona física o jurídica, que sufra los perjuicios de la actuación administrativa que sea contraria a la libertad de establecimiento o de circulación.
La Administración pública autora de la disposición, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que es cuestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por ser contraria a la unidad de mercado.
En todo caso, a las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, además de a la propia persona acosada.
Solamente a la persona acosada.
Indistintamente, a la persona acosada, a las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres y a los sindicatos más representativos.
A cualquier ciudadano en ejercicio de la acción popular.
Sí, siempre que se trate de actuaciones ante un órgano unipersonal, cualquiera que sea la materia, precisando de la asistencia de Abogado o Abogada si las actuaciones son ante un órgano colegiado.
Sí, en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refiera a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleos públicos inamovibles, exclusivamente.
Sí, en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refiera a cualesquiera cuestiones de personal.
No, como cualquier otro recurrente, precisará ser asistido en todo caso por Abogado o Abogada.
Previa audiencia de las partes, declarará la nulidad del trámite de vista o de conclusiones, retrotrayendo las actuaciones a un momento anterior, para que las partes puedan nuevamente solicitar vista o conclusiones y así alegar sobre la nueva prueba practicada de oficio.
El Letrado o Letrada de la Administración de Justicia pondrá de manifiesto el resultado de la prueba a las partes, las cuales podrán, en los cinco días siguientes, alegar lo que estimen conveniente acerca de su alcance e importancia.
El Letrado o Letrada de la Administración de Justicia convocará una continuación de acto de vista o acordará un nuevo trámite de alegaciones, en función de lo que ya hubiera ocurrido en el proceso previamente y si no se celebró ninguno de ellos, acordará un trámite de alegaciones escritas.
Al ser una decisión acordada exclusivamente por el Juez o Tribunal, las partes no tendrán intervención alguna, sin perjuicio de poder alegar lo que estimen conveniente sobre su alcance e importancia en el recurso que proceda contra la sentencia.
Al órgano administrativo encargado de su cumplimiento.
Al Juez o Tribunal que hubiese dictado la sentencia.
Al Consejo de Ministros o, en su caso, al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma cuando el acto, actividad o disposición impugnados proviniera de los órganos de la Administración de dicha Comunidad o de las Entidades locales de su territorio.
A la Administración responsable del acto, actuación, inactividad o vía de hecho que constituyó el objeto del recurso contencioso-administrativo.
El peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y el temor fundado de guerra.
El peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el temor fundado de guerra y el quebranto de la integridad del territorio nacional.
El temor fundado de guerra y el quebranto de la integridad del territorio nacional.
El peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el temor fundado de guerra, el quebranto de la integridad del territorio nacional y el trastorno grave que haya de producir a la Hacienda de la Administración en el caso de condena al pago de una cantidad.
Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para todo lo relativo a la preparación y adjudicación, tanto si son contratos administrativos como contratos privados.
Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para todo lo relativo a la preparación y adjudicación para los contratos administrativos y los del orden civil para la preparación y adjudicación de los contratos privados.
Los órganos del orden jurisdiccional civil para todo lo relativo a la preparación y adjudicación, tanto si son contratos administrativos como contratos privados.
Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para todo lo relativo a la preparación y los órganos del orden jurisdiccional civil para todo lo relativo a la adjudicación, tanto para los contratos administrativos como los privados.
Sí, pero solo si la organización ha sido expresamente designada por la persona extranjera interesada en el procedimiento.
Sí, en todo caso.
No. Este tipo de organizaciones tienen legitimación para intervenir en los procesos contenciosoadministrativos, pero no en los procedimientos administrativos.
No. Este tipo de organizaciones actúan en el ámbito asistencial pero no pueden intervenir ni en los procedimientos administrativos ni en los judiciales en materia de extranjería.
La competencia para conocer de esta demanda corresponderá al orden jurisdiccional social al tratarse de personal laboral al servicio de una Administración pública.
La competencia para conocer de esta demanda corresponderá al orden jurisdiccional contencioso-administrativo ya que el empleador es una Administración pública.
La competencia para conocer de esta demanda corresponderá al orden jurisdiccional civil.
La competencia corresponderá a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Los acuerdos de los órganos colegiales no son inmediatamente ejecutivos, debiendo esperar a que se alcance su firmeza.
Los acuerdos de la Junta de Gobierno o de la Junta General de cualquier Colegio de Procuradores son recurribles ante el Consejo General de Procuradores, salvo que la legislación autonómica disponga otra cosa.
Los acuerdos de los Consejos de Colegios de Comunidad Autónoma no son recurribles, salvo que sus Estatutos dispongan lo contrario.
Los actos emanados de los órganos colegiados, una vez agotados los recursos corporativos, serán recurribles únicamente ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Se negará a la presentación del escrito, haciéndole saber que el escrito está encabezado por él y que por ello comparte la responsabilidad por los términos utilizados en el escrito.
Presentará el escrito, pero lo firmará a los solos efectos de representación.
Requerirá al/la letrado/a para que encabece él el escrito y entonces podrá presentarlo salvando su responsabilidad.
Presentará el escrito, pero indicando que lo hace obligado por el/la abogado/a.
De fecha a fecha, siendo el día inicial el de la notificación de la resolución, siendo además ésta la interpretación dominante en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
De fecha a fecha, siendo el día inicial el siguiente al de la notificación de la resolución, siendo además ésta la interpretación dominante en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
De fecha a fecha, siendo el día inicial el siguiente al de la notificación de la resolución.
De fecha a fecha, siendo el día inicial el de la notificación de la resolución.
Las resoluciones de Alcaldía no son susceptibles de recurso.
Podrá interponer, a su elección, recurso de reposición ante la misma Alcaldía o recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Deberá interponer recurso de reposición ante la misma Alcaldía antes de acudir al recurso contencioso administrativo.
Deberá acudir directamente al recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, al tratarse de un acto que agota la vía administrativa.
Cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma a la que pertenece el Jurado.
Cabe interponer recurso de alzada ante la administración expropiante.
Cabe discutir las cuestiones sobre derecho de propiedad, incluido el valor del solar, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.
En ningún caso son recurribles las resoluciones de los Jurados provinciales de expropiación, porque su función es tasadora.
Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente a la localidad en cuyo territorio haya formulado la petición.
Ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
Ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo correspondientes a la localidad en cuyo territorio haya formulado la petición.
Las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio.
Las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de declararse la necesidad de la ocupación.
Las tasaciones no tendrán en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro.
Las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación del expediente de expropiación no serán objeto de indemnización, a no ser que se demuestre que eran indispensables para la conservación de los bienes. Las anteriores son indemnizables, salvo cuando se hubieran realizado de mala fe.
Deducida dicha pretensión, por el letrado de la Administración de Justicia se dará traslado al poderdante por el plazo de dos días y el Letrado de la Administración de Justicia resolverá mediante
Deducida dicha pretensión, por el letrado de la Administración de Justicia se dará traslado al poderdante por el plazo de tres días y el Letrado de la Administración de Justicia resolverá mediante
Deducida dicha pretensión, por el letrado de la Administración de Justicia se dará traslado al poderdante por el plazo de diez días y el Letrado de la Administración de Justicia resolverá mediante
Deducida dicha pretensión, por el letrado de la Administración de Justicia se dará traslado al poderdante por el plazo de veinte días y el Letrado de la Administración de Justicia resolverá mediante
En los Tribunales de Instancia los asuntos se distribuirán entre los jueces y las juezas, por razón de las plazas en que se integren conforme a normas de reparto predeterminadas y públicas. Las normas de reparto se aprobarán por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces y Juezas de la respectiva Sección del Tribunal de Instancia.
En los Tribunales de Instancia los asuntos se distribuirán entre los letrados y letradas de la Administración de Justicia, por razón de las plazas en que se integren conforme a normas de reparto predeterminadas y públicas. Las normas de reparto se aprobarán por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de letrados y letradas de la Administración de Justicia de la respectiva Sección del Tribunal de Instancia.
En los Tribunales de Instancia los asuntos se distribuirán entre los jueces y las juezas, por razón de las plazas en que se integren conforme a normas de reparto predeterminadas y públicas. Las normas de reparto se aprobarán por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Junta de Jueces y Juezas de la respectiva Sección del Tribunal de Instancia.
En los Tribunales de Instancia los asuntos se distribuirán entre los letrados y letradas de la Administración de Justicia, por razón de las plazas en que se integren conforme a normas de reparto predeterminadas y públicas. Las normas de reparto se aprobarán por el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de letrados y letradas de la Administración de Justicia de la respectiva Sección del Tribunal de Instancia.
No, porque la Secretaría de esta Oficina de Justicia en el Municipio solo podrá ser desempeñada por personal del Ayuntamiento en el que radique la oficina.
Si, porque la Secretaría de esta Oficina de Justicia en el Municipio podrá que ser desempeñada por personal cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o de Tramitación Administrativa o de Auxilio Judicial, conforme se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
No, porque la Secretaría de esta Oficina de Justicia en el Municipio tendrá que ser desempeñada por personal del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, conforme se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
No, porque la Secretaría de esta Oficina de Justicia en el Municipio tendrá que ser desempeñada por personal del cuerpo superior jerárquico de letrados de la Administración de Justicia, conforme se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
Sí, serán inhábiles los días del mes de agosto, así como todos los días desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se
Sí, serán inhábiles los días del mes de agosto, así como todos los días desde el 23 de diciembre hasta el 7 de enero del año siguiente, ambos inclusive, para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se
Sí, serán inhábiles los días del mes de agosto, así como todos los días desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se
Sí, serán inhábiles los días del mes de agosto, así como todos los días desde el 22 de diciembre hasta el 8 de enero del año siguiente, ambos inclusive, para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se
El letrado de la Administración de Justicia dará curso a los autos, realizándose tales actos por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
El juez o jueza del Tribunal de Instancia dará curso a los autos, realizándose tales actos por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
El letrado de la Administración de Justicia dará curso a los autos, realizándose tales actos por los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
El juez o jueza del Tribunal de Instancia dará curso a los autos, realizándose tales actos por los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
El escrito principal deberá incorporar firma electrónica basada en un certificado cualificado y se adaptará a lo establecido en la normativa reguladora del uso de las tecnologías en la Administración de Justicia.
El escrito principal deberá incorporar firma electrónica basada en un certificado avanzado y se adaptará a lo establecido en la normativa reguladora del uso de las tecnologías en la Administración de Justicia.
El escrito principal deberá incorporar firma electrónica basada en un certificado normalizado y se adaptará a lo establecido en la normativa reguladora del uso de las tecnologías en la Administración de Justicia.
El escrito principal deberá incorporar firma electrónica basada en un certificado simple y se adaptará a lo establecido en la normativa reguladora del uso de las tecnologías en la Administración de Justicia.
Las sedes de las Fuerzas Armadas, para la intervención de sus miembros.
El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y los Institutos de Medicina Legal, para la intervención de los Médicos Forenses, Facultativos, Técnicos y Ayudantes de Laboratorio.
Las sedes oficiales de la Abogacía del Estado, del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y de los Servicios Jurídicos de las Comunidades Autónomas, para la intervención de los miembros de tales servicios.
Los Centros penitenciarios, órganos dependientes de Instituciones Penitenciarias, centros de internamiento de extranjeros y centros de internamiento de menores, para las personas internas y funcionarios públicos.