Las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados de lo contencioso-administrativo en ningún caso son susceptibles de recurso de casación.
El recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre.
Contra el auto de admisión de recurso de casación cabrá recurso de reposición.
La preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida.
Cuando la ejecución de la obra estuviera suspendida durante un año por causas imputables a la Administración sin que se produjera por parte de ésta ningún acto expreso para su reanudación.
Cuando se produzca la desafectación del fin que justificó la expropiación y, simultáneamente, se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública.
Cuando hubieran transcurrido cinco años desde la toma de posesión del bien expropiado sin iniciarse la ejecución de la obra.
Cuando hubiera transcurrido un año desde la toma de posesión del bien expropiado sin iniciarse la ejecución de la obra.
Sí, en las actuaciones procesales en el ámbito contencioso-administrativo, es precisa en todo caso la asistencia de abogado.
Sí, y además deberá conferir su representación a un procurador.
Al ser un funcionario público y reclamar contra la Administración, la representación y defensa de Fernando la ostentará, necesariamente, un Abogado del Estado.
No es preciso, pues Fernando, como funcionario público, puede comparecer por sí mismo en defensa de sus derechos estatutarios, al quedar referido el asunto a una cuestión de personal que no implica separación de empleados públicos inamovibles.
Al contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.
Los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas, sin que más allá de tal estipulación exista obligación alguna para el contratista.
Al contratista le será incautada la garantía. Ello excluye su responsabilidad, sin que exista obligación de abonar los daños y perjuicios ocasionados que excedan del importe de la garantía incautada.
La Administración deberá pagar al contratista los daños y perjuicios que deriven de la resolución, pues éste tenía una legítima expectativa a la continuidad en la ejecución del contrato.
Sí, la Administración podrá conceder a petición del interesado una ampliación del plazo est circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros.
Sí, previa notificación, ya que el plazo de ampliación solicitado no excede de la mitad del plazo inicial.
No, porque no podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.
No, porque la ampliación del plazo solo podrá ser acordada por la Administración de oficio, nunca a petición del interesado.
No, no cabe deducir nuevamente recurso de anulación frente a su resolución.
Sí, pues la existencia de incongruencia completa y manifiesta de la de recurso de anulación.
No, podría interponer recurso de anulación por un motivo distinto, pero no por el mismo motivo. a ampliación ablecido, si las tramitación de incluido los relativos a la contencioso-administrativo, salvo las de carácter contencioso-administrativo incluidas las de carácter prejudicial o incidental alguna no perteneciente al y estén relacionadas con un recurso contenciosode reserva -administrativa. El recurso de anulación se y manifiesta. ¿Puede resolución justifica la nueva interposición
Sí, en cualquier caso. La resolución que resuelve el recurso de anulación es siempre susceptible de nuevo recurso de anulación.
A una Sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el Presidente y compuesta por dos Magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto, que serán designados anualmente por la Sala de Gobierno.
A la Sala Primera del Tribunal Supremo, al ser la que no se encuentra afectada por los órdenes jurisdiccionales en conflicto.
Al órgano inmediato superior común, esto es, la Audiencia Provincial de Huelva.
Al órgano inmediato superior común, esto es, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
A las salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
A la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo no es competente para conocer de los recursos que se deduzcan en relación con la propuesta de modificación de una reunión prevista en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.
A la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
El juez podrá disponer la práctica de cuantas pruebas estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto.
Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí en el escrito de alegaciones previas.
No es posible aportar al proceso las pruebas practicadas fuera del plazo de treinta días, aun cuando lo hubieran sido por causas no imputables a la parte que las propuso.
En el escrito en que se pida el recibimiento del proceso a prueba no es preciso señalar los medios de prueba que se propongan.
Estará en vigor hasta que recaiga sentencia firme, sin que pueda ser revocada en ningún caso.
Podrá ser revocada durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubiera adoptado.
Podrá ser revocada en razón de los distintos avances que se vayan haciendo durante el proceso respecto de las cuestiones de fondo que configuran el debate.
Podrá ser revocada en razón de la modificación de los criterios de valoración que el juez aplicó a los hechos al decidir el incidente cautelar.
La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.
Los procedimientos de división judicial de patrimonios, en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes.
Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta, baja por nacimiento y cuidado de menor del Abogado o Abogada de la parte que pidiere la suspensión.
Por imposibilidad absoluta de cualquiera de las partes citadas para ser interrogadas en el juicio o vista, siempre que tal imposibilidad, justificada suficientemente a juicio del Letrado o Letrada de la Administración de Justicia, se hubiese producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento.
Por solicitarlo de acuerdo las partes, alegando justa causa a juicio del Letrado o Letrada de la Administración de Justicia.
Por tener el Abogado defensor dos señalamientos de vista en diferentes días y tribunales.
En ningún caso, siempre se aplicará la disposición sancionadora vigente en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.
En todo caso.
Únicamente en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción.
Únicamente en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor y exclusivamente en lo relativo a los plazos de prescripción.
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Un Juzgado de lo Contencioso-administrativo con sede en la misma Comunidad Autónoma, distinto a aquellos entre los que se plantea la cuestión de competencia.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.