Sí, cuando la Administración expropiante declare que se trata de un supuesto de fuerza mayor o de extrema necesidad.
No, en ningún caso.
Sí, cuando así se haya pactado entre expropiante y expropiado.
Sí, cuando se trate de un supuesto de expropiación urgente, efectuado el depósito y abonada o consignada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios.
Se presume la existencia de responsabilidad administrativa del presunto responsable, hasta que no demuestre lo contrario.
Es un requisito obligatorio para su defensa que actúe asistido por asesor/a.
Debe conferir su representación a un profesional de la Procura y ser asistido, en todo caso, por un profesional de la Abogacía.
Tiene derecho a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos pudieran constituir y de las sanciones que, en su caso, se le puedan imponer.
Sí, para la defensa de sus derechos e intereses cuya actuación le esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
No podrá suceder a la persona que inicialmente hubiera actuado como parte.
Podrá suceder, en cualquier estado del proceso, a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte.
Podrá suceder a la persona que inicialmente hubiera actuado como parte, únicamente si el proceso se encontrara en su fase inicial.
No podrá suceder a la persona que inicialmente hubiera actuado como parte, pero tendrá derecho a que se le notifique la resolución que ponga fin al proceso.
La competencia para conocer de esta demanda corresponderá al orden jurisdiccional social al tratarse de personal laboral al servicio de una Administración pública.
La competencia para conocer de esta demanda corresponderá al orden jurisdiccional contencioso-administrativo ya que el empleador es una Administración pública.
La competencia para conocer de esta demanda corresponderá al orden jurisdiccional civil.
La competencia corresponderá a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Los interesados podrán solamente aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio en el trámite de audiencia.
Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
Los interesados no pueden aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio en ningún momento del procedimiento.
Seis meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada, si fuera expreso.
Dos meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada, o de la notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.
Se debe insertar el correspondiente edicto en el periódico oficial que proceda, atendiendo al ámbito territorial de competencia del órgano autor de la actividad administrativa recurrida.
Se debe insertar el correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado.
Se debe insertar el correspondiente edicto únicamente en un periódico de mayor difusión del ámbito territorial de competencia del órgano autor de la actividad administrativa recurrida.
Se debe insertar el correspondiente edicto preceptivamente en el Boletín Oficial del Estado y potestativamente en el periódico oficial que proceda atendiendo al ámbito territorial de competencia del órgano autor de la actividad administrativa recurrida.
Únicamente se pueden acordar medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios.
Únicamente se puede exigir la presentación de caución o garantía suficiente para responder de aquellos.
Podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios e igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía suficiente para responder de aquéllos.
La prestación de caución es preceptiva al adoptarse una medida cautelar.
Deberá concluirse el procedimiento de la modificación presupuestaria correspondiente dentro de los dos meses siguientes al día siguiente de notificación de la resolución judicial.
No podrá ejecutarse dicha sentencia por falta de presupuesto en ese ejercicio presupuestario.
Deberá concluirse el procedimiento de la modificación presupuestaria correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial.
Deberá concluirse el procedimiento de la modificación presupuestaria correspondiente dentro de los cuatro meses siguientes al día siguiente de notificación de la resolución judicial.
Puede solicitar, dentro del plazo para formular la demanda, que se reclamen los antecedentes del expediente que faltan para completarlo, lo cual suspenderá el curso del plazo.
Puede pedir que se complete el expediente administrativo, pero al no suspenderse el plazo, está obligado a presentar la demanda.
Solamente puede indicar los documentos que faltan en un otrosí de la demanda.
Obligatoriamente debe recurrir la diligencia de ordenación por la cual le emplazan para formalizar la demanda y después pedir los documentos que faltan en la fase probatoria.
Ninguna. Cualquiera que sea la cuestión incidental que se plantee, no se suspenderá la tramitación del procedimiento.
Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento no suspenderán el mismo, salvo la recusación.
Salvo que se trate de la recusación o del cese y nombramiento de nueva autoridad encargada de resolver, ninguna otra cuestión incidental suspenderá la tramitación del procedimiento.
Cualquiera que sea la cuestión incidental que se plantee tiene efectos suspensivos sobre el procedimiento administrativo, salvo que por resolución motivada se acuerde continuar su tramitación.
Harán prueba plena de los hechos a que se refieran, no admitiendo prueba en contrario.
Harán prueba de los hechos a que se refieran, salvo que se acredite lo contrario.
Para que tengan valor probatorio, será precisa su ratificación por la autoridad o funcionario autorizante y se valorarán junto al resto de medios probatorios, rigiendo el principio de libre valoración de la prueba.
Harán prueba plena de los hechos a que se refieran, salvo impugnación expresa de la parte que niegue su autenticidad, en cuyo caso serán excluidos y el hecho a que se refieran deberá acreditarse por otros medios probatorios.
Efecto estimatorio si el procedimiento se inició a solicitud del interesado y desestimatorio si se inició de oficio.
Efecto estimatorio cuando se produzca respecto de la resolución del recurso de alzada que se haya interpuesto contra la desestimación inicial por silencio administrativo y desestimatorio en el resto de supuestos.
Efecto desestimatorio en todo caso.
Efecto estimatorio o desestimatorio, según lo que en cada caso hayan dispuesto las leyes especiales por razón de la materia o las distintas leyes autonómicas sobre procedimiento administrativo.
Cuando, una vez iniciado el procedimiento administrativo, el órgano competente para su tramitación considere inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.
Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o inferior a 50.000 €.
Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial si el interesado no se persona en el plazo establecido.
Cuando la propuesta de resolución no precise ser motivada.
Indistintamente, a criterio del órgano instructor, en el acuerdo de iniciación del procedimiento o en la propuesta de resolución, pero siempre, en todo caso antes de la resolución del procedimiento.
En todo caso, en el acuerdo de iniciación, al ser la calificación de los hechos una de las menciones indispensables de este acuerdo.
Con carácter general, en el acuerdo de incoación, si bien excepcionalmente cuando en ese momento no existan elementos suficientes para la calificación inicial, la calificación de los hechos podrá realizarse en un momento posterior, mediante un pliego de cargos.
En la propuesta de resolución, en la que se fijará la calificación inicial de los hechos, su calificación jurídica, la infracción que esos hechos constituyan, la persona responsable y la sanción que se proponga.
Los recursos contencioso-disciplinarios militares.
Los recursos directos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública.
Las resoluciones del Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.