No. Frente a los actos sujetos a derecho administrativo dictados por los órganos del Consejo General de la Abogacía no cabrá recurso alguno.
Sí. Frente a los actos sujetos a derecho administrativo dictados por los órganos del Consejo General de la Abogacía cabrá recurso de alzada, pues los mismos no agotan la vía administrativa.
Sí. Los actos de los órganos del Consejo General de la Abogacía Española sujetos a Derecho Administrativo ponen fin a la vía administrativa y son recurribles directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
No. Los órganos del Consejo General de la Abogacía no pueden dictar actos sujetos a derecho administrativo.
Se pasará el expediente de justiprecio al Jurado provincial de expropiación.
Si el precio estuviera fundado quedará determinado definitivamente, pese al rechazo y la Administración procederá al pago del mismo, como requisito previo a la ocupación o disposición.
Se pasará el expediente de justiprecio al Jurado autonómico de expropiación.
Se pasará el expediente de justiprecio al Jurado nacional de expropiación.
Procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo, pero no podrá determinar los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento, determinación que habrá de hacerse en un proceso distinto.
Procederá a determinar los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento, sin que esté facultado a reponer la situación al estado exigido por el fallo.
No podrá realizar actuación alguna al haber concluido el proceso con el dictado de la sentencia.
Procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo y determinará los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento.
Sí. Cuando de la ejecución provisional pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza podrá exigirse la prestación de caución para responder de aquellos.
Sí, en todo caso. No podrá llevarse a cabo la ejecución provisional hasta que la caución esté constituida y acreditada en autos.
No. La Administración está exenta de la prestación de caución.
La Administración no puede instar la ejecución provisional.
No, pues las sentencias dictadas por la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Central de Instancia nunca son susceptibles de recurso de apelación.
Cuando favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
Cuando favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, salvo que se trate de sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
El derecho a la defensa se limita a la prestación de asistencia letrada o asesoramiento en derecho y la defensa de los intereses legítimos de la persona a través de los procedimientos previstos legalmente y no se extiende al asesoramiento previo al eventual inicio de estos procedimientos.
El contenido del derecho a la defensa en las causas penales no se puede hacer extensible, en ningún caso, al procedimiento administrativo sancionador y al procedimiento disciplinario.
El ejercicio del derecho a la defensa no queda sujeto a procedimiento legal.
Cualquier duda sobre la interpretación y alcance del ejercicio del derecho a la defensa se resolverá del modo más favorable al ejercicio del derecho.
La competencia exclusiva se limita a aquellos supuestos en los que la pretensión que se deduzca se refiera a disposiciones de carácter general de las Administraciones Públicas españolas.
Cuando la pretensión que se deduzca se refiera a actos de las Administraciones Públicas españolas, sin extenderse a aquellos supuestos en los que la pretensión se refiera a disposiciones de carácter general de tales Administraciones.
Cuando la pretensión que se deduzca se refiera a disposiciones de carácter general o a actos de las Administraciones Públicas españolas o sean relativas a actos de los poderes públicos españoles, de acuerdo con lo que dispongan las leyes.
No existe competencia exclusiva de la jurisdicción española en el orden contencioso-administrativo, dependiendo esta del domicilio del recurrente.
No, la obligación de proporcionar copia existe en el procedimiento judicial pero no en el procedimiento administrativo.
No, el profesional de la abogacía está obligado a proporcionar copia de las resoluciones que le sean notificadas y de los escritos recibidos, pero no de los presentados.
La solicitud de suspensión se entiende desestimada tácitamente, por silencio administrativo.
No produce efecto alguno. Para que la ejecución del acto impugnado se entienda suspendida deben haber transcurrido dos meses desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente, sin que el órgano competente para resolver haya dictado resolución expresa.
La solicitud de suspensión se entiende inadmitida, lo que es coherente con la imposibilidad de solicitar la suspensión de un acto administrativo por vía de recurso, pues la interposición del mismo no puede suspender la ejecución del acto impugnado.
La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima a Antonio para entender estimada la reclamación.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima a Antonio para entender estimada la reclamación, al no encontrarnos ante la excepción relativa a la responsabilidad del Estado legislador, en cuyo caso el silencio tendría efecto desestimatorio.
El silencio tendría efecto desestimatorio salvo en el supuesto en que la lesión alegada sea consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, en cuyo caso el silencio tendría efecto estimatorio.
Será siempre competente la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por ser el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tiene su sede el órgano que ha dictado el acto originario impugnado.
Será siempre competente la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por ser aquel en cuya circunscripción tiene la recurrente su domicilio.
Será competente cualquier Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de España, a elección de Carlota, al encontrarnos ante un acto impugnado en materia de personal.
Será competente, a elección de Carlota, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Deberá formular la demanda y, una vez presentada la misma, solicitar que se complete el expediente.
Deberá solicitar en la demanda, por medio de otrosí, la práctica de la prueba consistente en que se complete el expediente.
No puede solicitar se complete el expediente, pero podrá poner de manifiesto en la demanda el carácter incompleto del mismo, para que el órgano judicial pueda decidir sobre la indefensión que ello le causa.
Deberá solicitar, dentro del plazo para formular demanda, que se reclamen los antecedentes para completarlo.
No, los sindicatos no se encuentran legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
No, los sindicatos únicamente se encuentran legitimados cuando resulten directamente afectados por el acto recurrido siempre que estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos y los intereses legítimos colectivos.
Sí, se encuentran legitimados, recayendo sobre los funcionarios afiliados los efectos de su actuación.
Sí, se encuentran legitimados, sin que sobre los funcionarios afiliados recaigan los efectos de su actuación.
La Administración extenderá hoja de aprecio fundada del valor del objeto de la expropiación, que se notificará al propietario, para que la acepte o rechace.
Se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación.
Se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Estatal de Expropiación.
Se entenderá determinado definitivamente el justo precio.
El plazo continúa corriendo, debiendo ser interpuestos ambos recursos de manera simultánea.
El plazo continúa corriendo, debiendo optar el reclamante por renunciar al mismo en caso de interponer recurso de anulación.
El plazo para la interposición del recurso ordinario de alzada queda suspendido por la interposición del recurso de anulación.
El plazo para la interposición del recurso de anulación queda suspendido por la interposición del recurso de alzada ordinario, por lo que deberá interponer necesariamente este recurso primero.
De las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cuando a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados.
De cualquier materia no atribuida a otro orden jurisdiccional.
De las reclamaciones en materia de Seguridad Social.
De los conflictos individuales que se promuevan dentro de la rama social del derecho.
El recurso de reposición, excepto en aquellos supuestos en que proceda la interposición directa de recurso de revisión por así preverlo expresamente la Ley.