No, ya que se trata de una mera actividad pericial que no implica vulneración del derecho a no declarar contra sí mismo.
Sí, el Abogado le informará de las consecuencias de la prestación o denegación del consentimiento a la práctica de la diligencia, una vez practicada ésta.
Sí, el Abogado le informará de las consecuencias de la prestación o denegación del consentimiento a la práctica de la diligencia.
Sí, le informará de las consecuencias de la prestación o denegación del consentimiento a la práctica de la diligencia, solamente en el caso de que la Policía Judicial no le haya informado del alcance de la misma.
Conjuntamente a la naturaleza del hecho, la gravedad de la pena y la capacidad de Iñigo para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba.
Conjuntamente a la naturaleza del hecho, la gravedad de la pena y la capacidad de Iñigo para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba, así como a la posibilidad de afectar a bienes jurídicos de la víctima.
A la capacidad de Iñigo para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros investigados o encausados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.
Única y exclusivamente a la falta de colaboración de Iñigo en el curso de la investigación.
Resulta contraria a derecho, por vulnerar el principio acusatorio, ya que el Ministerio Fiscal solo puede cambiar la tipificación de los hechos para acusar por un delito más leve que el contenido en las conclusiones provisionales.
Resulta ajustada a derecho y el Tribunal podrá considerar un aplazamiento de la sesión, hasta el límite de diez días, a petición de la defensa, a fin de que ésta pueda preparar adecuadamente sus alegaciones y, en su caso, aportar los elementos probatorios y de descargo que estime convenientes.
Resulta ajustada a derecho y el Tribunal podrá considerar un aplazamiento de la sesión, hasta el límite de diez días, a petición de la defensa, si ésta justifica que puede sufrir indefensión y propone en el acto la prueba de descargo que estime conveniente.
Resulta ajustada a derecho y obliga a que el Tribunal acuerde un aplazamiento de la sesión, hasta el límite de diez días, a fin de que las partes puedan preparar adecuadamente sus alegaciones y, en su caso, aportar los elementos probatorios y de descargo que estimen convenientes.
Sí, recurso de reforma siempre que no lo hubiese interpuesto ya contra el Auto de procedimiento abreviado.
Sí, recurso de queja ante el tribunal superior competente.
No cabe recurso alguno, salvo que el Fiscal y la acusación particular interpongan recurso de reforma contra el Auto de procedimiento abreviado que podrá adherirse.
No, la única opción que tiene es plantear la nulidad de actuaciones por vulneración de un derecho fundamental.
Sí, siempre, previo pago de la responsabilidad civil a que ha sido condenada.
Sí, previa audiencia de la perjudicada, siempre que ésta se muestre conforme.
Sí, dado que ninguna de las penas por separado supera los dos años de prisión, sin más requisito que pagar la responsabilidad civil.
Sí, excepcionalmente, siempre que no sea reo habitual, cuando sus circunstancias personales, la naturaleza del hecho, su conducta y su esfuerzo para reparar el daño lo aconsejen.
Sí, toda vez que las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero siempre serán sustituidas por su expulsión del territorio español.
No, al tratarse de un ciudadano de la Unión Europea en ningún caso puede ser expulsado del territorio español, salvo que la pena impuesta sea superior a tres años de prisión.
No, solamente procederá cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales.
Sí, si cuenta con antecedentes penales no cancelados.
Sí, si lo solicita y las circunstancias lo aconsejan, oído el Ministerio Fiscal, el Juez o Tribunal Sentenciador puede acordar que la condena se cumpla los sábados y domingos o de forma no continua.
Solo si se muestra conforme la persona ofendida por el delito leve.
Siempre que lo solicite puede cumplirla de forma discontinua, dado que se trata de una pena leve.
Sí, con las mismas circunstancias atenuantes previstas en el Código Penal para las personas físicas.
No, solo está prevista la atenuación de las penas para las personas físicas.
No, el Código Penal lo prohíbe expresamente.
Sí, si con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes procede en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
Divulgar las conversaciones y correspondencia con su mandante y con el letrado de éste, así como con el procurador y el letrado de la parte adversa, y con ésta, pudiendo revelarlos o hacer uso, en juicio o fuera de él, sin su previo consentimiento.
Rendir cuentas al cliente, especificando y detallando las cantidades percibidas de éste, aclarando los pagos realizados en beneficio de su mandante y precisando con minuciosidad los diversos conceptos y su importe exacto.
Denunciar ante el Colegio todo acto que llegue a su conocimiento que implique ejercicio ilegal de la profesión o que sea contrario a los Estatutos.
A llevar un libro de conocimiento de negocios pendientes y otro de cuentas con los litigantes. La llevanza de estos libros podrá hacerse por medios informáticos.
Sí, se permite la realización de actos en fraude de ley del derecho de sustitución profesional, para prevista como delito.
Sí, se permite la realización de actos en fraude de ley del derecho de sustitución profesional, para prevista como infracción administrativa muy grave.
Sí, se permite la realización de actos en fraude de ley del derecho de sustitución profesional, para prevista como infracción administrativa grave.
No, se prohíbe el fraude de ley del derecho de sustitución profesional, cuando éste comporte un incumplimiento de las obligaciones y deberes del Procurador o de las funciones de representación procesal o de colaboración y auxilio con los órganos jurisdiccionales previstas en la Ley, los Estatutos Generales o el Código Deontológico.
Sí, los intervinientes en una videoconferencia no deberán observar ninguna norma de decoro o vestimenta.
Sí, los intervinientes en una videoconferencia no deberán observar ninguna norma de decoro o vestimenta cuando las actuaciones judiciales se realicen de forma telemática, pero sí cuando se realicen de forma presencial ante el Tribunal de Instancia.
No, los intervinientes en una videoconferencia no deberán observar ninguna norma de decoro o vestimenta cuando las actuaciones judiciales se realicen de forma presencial ante el Tribunal de Instancia, pero deberán usar la vestimenta exigida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma cuando se realicen las actuaciones de forma telemática.
No, los intervinientes en una videoconferencia deberán observar las mismas normas de decoro, vestimenta y respeto exigidas en las actuaciones realizadas presencialmente en las salas de vistas y en las sedes de los Tribunales, oficinas judiciales y oficinas fiscales.
Sí, las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.
No, las víctimas de violencia de género sólo tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa por abogado, pero no a la representación gratuita por procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.
No, las víctimas de violencia de género sólo tienen derecho a la representación gratuita por procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida, pero no a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa por abogado.
No, las víctimas de violencia de género no tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, ni a la defensa por abogado, ni a la representación gratuita por procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.
La orden de protección será acordada sólo por el juez, de oficio.
La orden de protección será acordada sólo por el juez, a instancia de la víctima o persona que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el artículo 544 ter párrafo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o del Ministerio Fiscal.
La orden de protección será acordada por el juez, sólo a instancia del Ministerio Fiscal.
La orden de protección será acordada por el juez de oficio o a instancia de la víctima o persona que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el artículo 544 ter párrafo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o del Ministerio Fiscal.
La competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, es decir, León.
La competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio del presunto autor del delito, es decir, Santander.
La competencia territorial vendrá determinada por el lugar de comisión del delito, es decir, Málaga.
En los delitos de Violencia sobre la Mujer siempre será competente la Audiencia Nacional, con independencia del lugar donde se haya cometido el delito.