Sí, pero solamente si han declarado previamente en fase de instrucción.
Sí, pero deben precisar el origen de la noticia, designando con su nombre y apellido, o con las señas con que fuera conocida, a la persona que se la hubiere comunicado.
Sí y no existe ningún requisito adicional respecto de los testigos directos.
Los que hubieren cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo, en un plazo no superior a cinco años, y hayan sido condenados por ello.
Los que hubieren cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo, en un plazo no superior a cinco años, aunque aún no hayan sido condenados por ello, siempre que esté incoada la causa.
Los que hubieren cometido cuatro o más delitos de los comprendidos en un mismo título, en un plazo no superior a cinco años, y hayan sido condenados por ello.
Aquellos a quienes se haya aplicado en la sentencia la agravante de reincidencia del artículo 22. 8ª del Código Penal.
A las personas jurídicas solo se les pueden imponer multas proporcionales al daño causado, al valor del objeto del delito o al beneficio reportado por el mismo.
De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento del artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia.
De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia.
De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la intimidad cuando la víctima sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia.
Del conocimiento y fallo de los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia.
Solo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ante la autoridad judicial.
Ante la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a la víctima y los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones públicas.
Solo ante el Ministerio Fiscal y ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
No puede solicitarse, solo la puede acordar la autoridad judicial de oficio.
En este caso, el Tribunal podrá aclarar la resolución de oficio dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo.
En este caso, el Tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución previo traslado de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla.
En este caso, si el Tribunal advirtiese esta omisión, podrá aclarar su resolución en cualquier momento.
En un caso como este, no es posible la aclaración de la resolución ni de oficio ni a petición de parte.
El Juez o Jueza, una vez acreditada la causa invocada, dictará a la mayor brevedad posible auto acordando la suspensión del proceso a todos los efectos y por el plazo que corresponda, que deberá ser notificado de inmediato.
El Ministerio Fiscal, una vez acreditada la causa invocada, dictará a la mayor brevedad posible decreto acordando la suspensión del proceso a todos los efectos y por el plazo que corresponda, que deberá ser notificado de inmediato.
El Letrado o Letrada de la Administración de Justicia, una vez acreditada la causa invocada, dictará a la mayor brevedad posible decreto acordando la suspensión del proceso a todos los efectos y por el plazo que corresponda, que deberá ser notificado de inmediato.
La Audiencia Provincial, una vez acreditada la causa invocada, dictará a la mayor brevedad posible acuerdo acordando la suspensión del proceso a todos los efectos y por el plazo que corresponda, que deberá ser notificado de inmediato.
Únicamente, el Ministerio Fiscal y las personas afectadas.
Las personas afectadas y siempre con su autorización, estarán también legitimados la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, así como, en relación con las personas afiliadas o asociadas a los mismos, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos.
No, pues para que sea obligatorio preconstituir la declaración de los menores de catorce años es preciso que estos sean víctima del delito.
No es obligatorio en este caso.
Sí, dado que el artículo 449 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cuando un menor de catorce años deba intervenir en condición de testigo en un procedimiento judicial la autoridad judicial acordará, en todo caso, practicar la audiencia del menor como prueba preconstituida.
Sí, pero siempre que no se oponga la defensa del investigado.
Disolverá el Jurado y se convocará juicio oral con un nuevo Jurado.
Concederá la palabra al Fiscal y demás partes para que, por su orden, informen sobre la pena o medidas que debe imponerse al declarado culpable y sobre la responsabilidad civil.
Dictará en el acto sentencia absolutoria del acusado.
Cuando el delito leve denunciado resulte de muy escasa gravedad a la vista de la naturaleza del hecho, sus circunstancias y las personales del autor.
Cuando el delito leve denunciado resulte de muy escasa gravedad a la vista de la naturaleza del hecho, sus circunstancias y las personales del autor y no exista un interés público relevante en la persecución del hecho.
Solamente cuando no exista un interés público relevante en la persecución del hecho.
No, puesto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite la suspensión por la hospitalización grave de un familiar de los profesionales de la Abogacía.
No, porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo contempla la suspensión por hospitalización por causa grave de familiares hasta el segundo grado por consanguinidad de los profesionales de la Abogacía.
No, al tratarse del mismo día del juicio y no ser una causa que impida a Manel continuar tomando parte en el mismo.
Sí, siempre que Manel no pueda ser reemplazado sin grave inconveniente para la defensa de Noelia.
No. En la orden de protección solamente cabe incluir medidas de naturaleza penal que atiendan a la necesidad de protección integral e inmediata de la víctima.
No, dado que en la orden de protección solo cabe incluir medidas de naturaleza civil relativas al régimen de guarda y custodia, suspensión o mantenimiento del régimen de visitas, comunicación y estancia con los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección y sobre el régimen de prestación de alimentos.
Sí. Se trata de una medida de naturaleza civil que puede acordarse dentro de una orden de protección.
Sí, pero únicamente en el caso de que el Ministerio Fiscal informe favorablemente.
Verificar la concurrencia de los requisitos previstos en el párrafo tercero del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e inhibirse de forma inmediata, remitiendo los autos en el estado en que se hallen al Juez/a de Violencia sobre la Mujer.
Verificar que concurren los requisitos del párrafo tercero del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y citar inmediatamente a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará en las siguientes 24 horas a fin de que éste tome conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los hechos acaecidos.
Poner los hechos en conocimiento del Juzgado de Violencia sobre la Mujer y esperar hasta ser requerida de inhibición por dicho órgano.
Continuar conociendo del asunto, al haberse iniciado ya la fase del juicio oral.
No, únicamente en el caso de que Emilia estuviera aquejada de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.
No, en ningún caso, puesto que la suma de las penas impuestas excede de dos años.
Sí, excepcionalmente, cuando en atención a sus circunstancias personales, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen.
Sí, pero únicamente en el supuesto de que Emilia hubiera delinquido por primera vez.
Sí, dado que dicha intervención es obligatoria y personalísima, sin posibilidad de denegación o sustitución.
No, siempre que designe a quien a tal fin le sustituya.
Sí, pues su presencia es siempre preceptiva en los casos de entradas y registros que afecten a cualquiera de sus colegiados en el ejercicio de la Abogacía.
No, pues quien ha de estar necesariamente en las entradas y registros ha de ser el interesado, o un familiar suyo mayor de edad, o dos testigos vecinos del mismo pueblo.
Sí, pues la renuncia es posible, de forma oral o escrita, en cualquier fase del procedimiento.
No, pues, al haber manifestado el cliente su oposición y hallarse pendiente la celebración del Juicio Oral, la renuncia no surte efectos hasta que este se haya celebrado.
Sí, al haber comunicado su renuncia con la antelación de un mes a la celebración del juicio tal y como exige el Estatuto General de la Abogacía.
No, pues para que dicha renuncia surta efectos ha de hacerse por escrito.