Sí, son susceptibles de responder de cualquier delito tipificado en el Código Penal.
No, únicamente de aquellos delitos que expresamente recojan la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas.
No, pueden responder de cualquier delito doloso, pero no responden de los delitos imprudentes.
Sí, pueden responder de cualquier delito tipificado en el Código Penal, pero solo en el caso de que no se consiga depurar la responsabilidad penal de la persona física.
Debe dar traslado de los hechos al Ministerio Fiscal para que ejerza las acciones oportunas.
Debe citar inmediatamente a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará en las siguientes 24 horas a fin de que este tome conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los hechos acaecidos.
Se debe inhibir en favor del Juez de violencia sobre la mujer que resulte competente.
Si existen hijos menores de edad, se debe inhibir a las Secciones de Violencia contra la infancia y la adolescencia del Tribunal de Instancia.
Sí, si así se lo interesa el Ministerio Fiscal y la víctima, por sí misma o a través de su representación letrada.
En ningún caso puede acordar esta medida cautelar sin escuchar previamente al presunto agresor.
Sí, pero solo en los casos en que la defensa de la persona investigada no se oponga a su adopción.
En todo caso puede el juez acordar esta medida sin escuchar previamente a la persona investigada, y con independencia de que la víctima o el Ministerio Fiscal se opongan a su adopción.
No. El acuerdo de incoación en un procedimiento sancionador debe contener en todo caso los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, sin que opere excepción alguna.
Sí. La calificación de los hechos que motivan la incoación se efectuará siempre y en todo caso en un momento posterior al acuerdo de incoación.
Sí. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento.
No. El acuerdo de incoación debe demorarse necesariamente, suspendiendo el procedimiento, hasta que existan elementos suficientes para dictar el mismo calificando los hechos.
Sí, pues los profesionales de la Abogacía están facultados para ofrecer sus servicios profesionales a potenciales clientes máxime cuando, como en este caso, han realizado un previo estudio de la prosperabilidad de las acciones a ejercitar.
No, pues los profesionales de la Abogacía no pueden, bajo ninguna circunstancia, ofrecer sus servicios a potenciales clientes, debiendo aguardar a que estos lo soliciten con pleno respeto a su libertad de elección.
Sí, pues ha transcurrido un tiempo prudencial de quince días desde que se produjeron los hechos.
No, pues los profesionales de la Abogacía no podrán dirigirse a las víctimas de sucesos que hayan producido un número elevado de víctimas y que puedan constituir delito, para ofrecerles sus servicios profesionales, hasta transcurridos cuarenta y cinco días del hecho.
No, no es posible suspender cautelarmente a quien no ha sido sancionado.
Sí, en todo caso. La incoación del expediente disciplinario llevará aparejada automáticamente la suspensión cautelar hasta que finalice el procedimiento sancionador.
Sí, cuando la gravedad del hecho denunciado lo aconseje y por tiempo indefinido.
Sí, cuando la gravedad del hecho denunciado lo aconseje por un periodo máximo de seis meses hasta que el expediente disciplinario se resuelva.
No, porque solo puede imponerse a quienes tuviesen dieciséis años en el momento de la comisión de los hechos.
No, porque se trata de un hecho tipificado como delito menos grave en el Código Penal y en su ejecución no se ha empleado violencia o intimidación en las personas, ni se ha generado grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas.
Sí, porque se trata de un delito contra la salud pública.
Sí, porque esta medida se puede imponer en cualquier caso.
No está obligada a denunciarle, a tenor de lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
No está obligada a denunciarle, pero debe poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Está obligada a denunciarle, en todo caso.
No está obligada a denunciarle porque no se trata de un delito contra la vida, de un delito de homicidio, de un delito de lesiones de los artículos 149 y 150 del Código Penal, de un delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2 del Código Penal, de un delito contra la libertad o contra la libertad e indemnidad sexual o de un delito de trata de seres humanos y la víctima del delito sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.
El plazo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en tanto subsistan los motivos que justificaron su adopción.
Un año si el delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años, o de dos años si la pena privativa de libertad señalada para el delito fuera superior a tres años y no es susceptible de prórroga.
Dos años si el delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años, o de cuatro años si la pena privativa de libertad señalada para el delito fuera superior a tres años.
Solo en el caso de que dicho acusado haya dejado de comparecer sin motivo legítimo, y el juez o tribunal, oídas las partes, acuerde la continuación del juicio para los restantes.
Solo en el caso de que la pena pedida por las acusaciones para dicho acusado no supere los dos años de prisión.
Solo si presta su conformidad a ello el abogado defensor del acusado ausente.
Que el juez debe necesariamente deducir testimonio contra dicho testigo por el delito de falso testimonio.
Que podrá pedirse la lectura de la declaración prestada en el sumario por cualquiera de las partes. Después de leída, el Presidente invitará al testigo a que explique la diferencia o contradicción que entre sus declaraciones se observe.
La única consecuencia se produce a los efectos de valorar dicha declaración como prueba por el juez o tribunal en el momento de dictar sentencia.
Que el juez puede expulsar al testigo del acto del juicio.
No, en ningún caso, porque se trata de un delito perseguible mediante denuncia del perjudicado y éste se opone a la concesión del beneficio de suspensión de la pena.
Sí, puede acordar la suspensión, pero solamente si el Ministerio Fiscal no se opone a la misma.
Sí, porque concurren todos los requisitos del Código Penal y la negativa del perjudicado a la concesión del beneficio de suspensión de la pena no es vinculante para el juez.
Sí, puede acordar la suspensión, pero solamente si la penada se ha arrepentido de los hechos y ha pedido perdón al perjudicado.
Debe el juez acordar en todo caso la revocación de la suspensión porque Carlos ha sido condenado por un delito cometido durante el período de suspensión.
Solo puede el juez acordar la revocación de la suspensión si lo interesa el Ministerio Fiscal.
En este caso, el juez puede no acordar la revocación de la suspensión, debido a que se trata de un delito de diferente naturaleza y su comisión no revela necesariamente que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no pueda ser mantenida.
En ningún caso puede el juez acordar la revocación de la suspensión de la pena porque se trata de delitos heterogéneos.
Debe dar traslado de los hechos al Ministerio Fiscal para que ejerza las acciones oportunas.
Debe inhibirse, en todo caso, a favor del juez de violencia sobre la mujer que resulte competente.
En cualquier caso debe citar inmediatamente a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará en las siguientes 24 horas a fin de que éste tome conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los hechos acaecidos.
Si está ya iniciado un proceso penal o dictada una orden de protección, se debe inhibir a favor del juez de violencia sobre la mujer que resulte competente. En otro caso, debe citar inmediatamente a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará en las siguientes 24 horas a fin de que éste tome conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los hechos acaecidos.
En 72 horas desde que el presunto agresor es detenido.
Debe convocar a una audiencia urgente a la víctima, al solicitante, al presunto agresor, asistido, en su caso, de abogado y al Ministerio Fiscal. En cualquier caso la audiencia habrá de celebrarse en un plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud.
En 48 horas desde la presentación de la solicitud.
En el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de 48 horas desde la presentación de la solicitud.
Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente.
Se trata de un procedimiento iniciado a instancia de parte, al haber sido iniciado por Laura, y está tendrá la consideración de interesada en el mismo.
Se inicia a instancia de parte, por Laura, si bien la mera presentación de denuncia no confiere a Laura la condición de interesada.
Se inicia a instancia de parte, por Roberto, al ser éste el interesado.
Para incorporarse como colegiado no ejerciente deberá carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves.
Para incorporarse como colegiado no ejerciente deberá superar un examen psicotécnico específico para no ejercientes en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Para incorporarse como colegiado no ejerciente deberá formalizar el alta en el Régimen de Seguridad Social que corresponda.
Para incorporarse como colegiado no ejerciente no es preciso cumplir ningún requisito adicional a la posesión del título profesional que le habilite para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.
Por el Juez de Instrucción del lugar donde se haya cometido la infracción.
Por los Colegios de la Abogacía en cuyo ámbito territorial se haya cometido la infracción, con arreglo a las previsiones de sus propios Estatutos.
Por todos los Colegios de la Abogacía, actuando de manera conjunta en cada expediente disciplinario.
Por el Consejo General de la Abogacía Española, aun cuando el infractor no sea miembro de tal Consejo ni de las Juntas de Gobierno de los Colegios y de los Consejos Autonómicos.
El ejecutado podrá denunciar esta nulidad ante el Tribunal mediante los recursos ordinarios o por simple comparecencia ante el letrado de la Administración de Justicia si no se hubiera personado en la ejecución ni deseara hacerlo, resolviendo el Tribunal sobre la nulidad denunciada.
El ejecutado podrá denunciar esta nulidad ante el Tribunal únicamente mediante los recursos ordinarios, resolviendo el Tribunal sobre la nulidad denunciada, previo traslado al Abogado del Estado.
El ejecutado podrá denunciar esta nulidad ante la Fiscalía, resolviendo dicha Fiscalía sobre la nulidad denunciada.
El ejecutado podrá denunciar esta nulidad ante el Tribunal únicamente mediante los recursos ordinarios, resolviendo el letrado de la Administración de Justicia sobre la nulidad denunciada.
No está obligada a denunciarle, pero debe poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Solo puede denunciarle si informa previamente de ello a su marido.
No está obligada a denunciarle, salvo que el hecho cometido por su marido sea un delito contra la vida, un delito de homicidio, un delito de lesiones de los artículos 149 y 150 del Código Penal, un delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2 del Código Penal, un delito contra la libertad o contra la libertad e indemnidad sexual o un delito de trata de seres humanos y la víctima del delito sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.
No puede aportarse a las actuaciones porque no se acompañó adjunto al escrito de conclusiones provisionales.
No puede aportarse a las actuaciones porque se tenía que haber propuesto y, en su caso, admitido, con anterioridad a los 15 días previos a la fecha de celebración del acto del juicio.
Puede proponerse a instancia de su abogado al comienzo del juicio, como cuestión previa, exponiendo lo que estime oportuno sobre el contenido y finalidad de la prueba que se propone y el Juez resolverá en el mismo acto lo procedente sobre la cuestión planteada.
Puede proponerse a instancia de su abogado en el acto del juicio, como cuestión previa, y el Juez tendrá la obligación de admitirlo.