Sí, cuando la gravedad del hecho denunciado lo aconseje, por un periodo máximo de seis meses hasta que el expediente disciplinario se resuelva.
Sí, cuando la gravedad del hecho denunciado lo aconseje, sin límite de tiempo, hasta la resolución del expediente disciplinario.
No, la separación del profesional de la abogacía únicamente podrá acordarse cuando, resuelto el expediente disciplinario, se imponga al profesional de la abogacía sanción por infracción muy grave, pero en ningún caso de forma cautelar.
No, la separación del profesional de la abogacía únicamente podrá acordarse cuando, resuelto el expediente disciplinario, se imponga al profesional de la abogacía sanción por infracción grave o muy grave, pero en ningún caso de forma cautelar.
Con independencia de la existencia de recursos para litigar.
Únicamente cuando carezcan de patrimonio suficiente.
Únicamente cuando carezcan de patrimonio suficiente y cuenten con unos ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud.
Únicamente cuando carezcan de patrimonio suficiente y cuenten con unos ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos por su persona sin considerar la unidad familiar, que no superen dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud.
Puede ser impugnada, siendo preceptiva la intervención de abogado, y habrá de hacerse por escrito y de forma motivada, en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para impugnarla.
Puede ser impugnada, no siendo preceptiva la intervención de abogado, y podrá hacerse de forma verbal ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para impugnarla.
Puede ser impugnada, no siendo preceptiva la intervención de abogado, y habrá de hacerse por escrito y de forma motivada, en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para impugnarla.
El profesional de la abogacía tiene derecho a una contraprestación por sus servicios, pero no al reintegro de los gastos ocasionados.
El profesional de la abogacía tiene derecho a una contraprestación por sus servicios, así como al reintegro de los gastos ocasionados.
La cuantía de los honorarios viene determinada legalmente, excluyendo la libre convención entre el cliente y el profesional de la abogacía.
El profesional de la abogacía está facultado para entregar factura al cliente, pero la obligación de entregarla solo corresponde a la Sociedad profesional y no a la persona física profesional de la abogacía.
Colaborar con el Poder Judicial y los demás poderes públicos mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines, cuando les sean solicitadas o lo acuerden por propia iniciativa.
Homologar las escuelas de práctica jurídica que ellos mismos creen.
Ejercer la potestad disciplinaria con respecto los miembros del Consejo General de la Abogacía que actúen en tal condición.
No consignar en el primer escrito la identificación, el Colegio de incorporación y el número de colegiado.
La compensación de honorarios con fondos del cliente que no hayan sido recibidos como provisión, sin su consentimiento.
La relación o comunicación con la parte contraria cuando le conste que está representada o asistida por otro profesional de la abogacía, salvo su autorización expresa.
La falta de respeto debido a otro profesional de la abogacía.
Sanción de suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo superior a quince días sin exceder de un año o multa pecuniaria por importe de entre 1.001 y 10.000 euros.
Sanción de expulsión del Colegio o suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo superior a un año sin exceder de dos.
Sanción de apercibimiento escrito o suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo no superior a quince días.
Multa pecuniaria por importe de hasta 1.000 euros.
No está obligado a formalizar su baja como ejerciente, basta con que efectúe en el plazo de un mes comunicación a la Junta de Gobierno de su Colegio para que decida sobre la cuestión.
Darán traslado de tal circunstancia al colegio profesional por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria, así como a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
Darán traslado de tal circunstancia al colegio profesional por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria, pero no a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
Darán traslado de tal circunstancia al Consejo General de la Abogacía Española.
Darán traslado de esta circunstancia exclusivamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
Sí, siempre y cuando en el eventual proceso judicial la intervención del profesional de la abogacía sea legalmente preceptiva o cuando, no siéndolo, la parte contraria actúe con él.
Sí, pero únicamente cuando en el eventual proceso judicial la intervención del profesional de la abogacía sea legalmente preceptiva.
No, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se limita al procedimiento judicial cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva, sin extenderse a los medios previos adecuados de solución de controversias.
Sí, en todo caso, con independencia de que en el eventual proceso judicial la intervención del profesional de la abogacía sea legalmente preceptiva o de que, no siéndolo, la parte contraria actúe con él.
La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita revocará el reconocimiento del derecho, previa audiencia a Carmen, mediante resolución motivada, llevando tal revocación consigo la obligación del pago de todos los honorarios o derechos devengados por los profesionales intervinientes desde la concesión del derecho.
El derecho a la asistencia jurídica gratuita se mantendrá, al no ser posible su revocación, sin perjuicio de las consecuencias penales a las que pueda enfrentarse la beneficiaria.
La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita revocará automáticamente el reconocimiento del derecho, sin previa audiencia a Carmen, condenando a ésta a abonar los honorarios o derechos de los profesionales que hubieran intervenido desde que el derecho se reconoció.
El derecho a la asistencia jurídica gratuita se mantendrá, pues la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita únicamente puede revocar el reconocimiento en caso de falseamiento de datos, pero no por su ocultación.
No, únicamente las sanciones que se impongan por infracciones graves o muy graves relacionadas con actuaciones desarrolladas en la prestación de los servicios del turno de oficio pueden llevar aparejada la exclusión del profesional de la abogacía de dichos servicios.
Sí, la sanción que se imponga por infracción leve relacionada con actuaciones desarrolladas en el turno de oficio llevará aparejada, en todo caso, la exclusión del profesional de la abogacía de dichos servicios por un plazo mínimo de seis meses.
Sí, podrá imponerse la exclusión del profesional de la abogacía de dichos servicios por un plazo no superior a un año.
Sí, podrá imponerse la exclusión del profesional de la abogacía de dichos servicios por un plazo no superior a seis meses.
Exclusivamente prestar a las personas información relativa a los requisitos para el acceso al sistema de asistencia jurídica gratuita.
Prestar a las personas toda la información relativa a la prestación de asistencia jurídica gratuita, con excepción de la información relativa a los requisitos para el acceso al sistema de asistencia jurídica gratuita, que corresponderá a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
Prestar a las personas toda la información relativa a la prestación de asistencia jurídica, y en particular los requisitos para el acceso al sistema de asistencia jurídica gratuita.
Informar de los costes generales de un proceso particular y del procedimiento para la fijación de los honorarios profesionales.
No, en ningún caso pueden actuar simultáneamente un abogado de oficio y un procurador libremente elegido.
No, podrían actuar simultáneamente un procurador de oficio y un abogado libremente elegido, pero nunca, al contrario.
Sí, siendo al efecto indiferente la renuncia a percibir honorarios pues, en todo caso, pueden actuar simultáneamente un abogado de oficio y un procurador libremente elegido.
No, para actuar profesionalmente en el ámbito territorial de cualquier Colegio distinto al que estuviere incorporado, no podrá exigirse al profesional de la abogacía habilitación alguna.
No, pues existe un convenio entre ambos Colegios de abogados que faculta la posibilidad de que los colegiados en uno o en otro actúen profesionalmente en sus respectivos ámbitos territoriales.
No, cabría exigir pago de contraprestación adicional pero no de habilitación.
Sí, para actuar profesionalmente en el ámbito territorial de cualquier Colegio distinto de aquel al que estuviera incorporado podrá exigirse al profesional de la abogacía una habilitación adicional.
Sí. El titular del despacho únicamente responderá de los honorarios debidos al profesional de la abogacía en el que delegue actuaciones si así lo hubieran pactado por escrito.
No. El titular del despacho responderá personalmente de los honorarios debidos al profesional de la abogacía en el que delegue actuaciones, aun el caso de que el cliente dejase de abonárselos, salvo pacto escrito en contrario.
Sí. El titular del despacho responderá de los honorarios debidos al profesional de la abogacía en el que delegue actuaciones, pero esta obligación no se extiende a aquellos supuestos en los que el cliente haya dejado de abonárselos.
No. Telmo tiene razón en que no debe responder de tales honorarios debidos, pero se equivoca al referir que ello se debe a la falta de pacto pues no es posible convenir acerca del abono de honorarios que siempre se ajustará a la ley.
Sí. No encontrándonos ante la aprobación de una modificación del Estatuto General de la Abogacía ni del Reglamento de régimen interior del Consejo General de la Abogacía, bastará la mayoría simple.
Sí. Podrá ser aprobado por mayoría simple salvo que cualquier Consejero Decano solicitara, previamente al inicio de la votación, que se aplique el régimen de la mayoría reforzada.
No. Todos los acuerdos del Consejo General de la Abogacía deben ser aprobados por mayoría reforzada, con independencia de la materia sobre la que se adopten.
No. Nos encontramos ante un asunto al que se aplicará necesariamente el régimen de la mayoría reforzada.
A la Junta de Gobierno del Colegio mediante resolución motivada.
Al Consejo General de la Abogacía.
Al Consejo Autonómico y, en su defecto, al Consejo General de la Abogacía.
La falta de pago de doce mensualidades de la cuota obligatoria no puede dar lugar a la pérdida de condición de colegiado que únicamente se producirá por sanción de expulsión del colegio acordada por resolución firme en expediente disciplinario.
Sí, asistirán en todo caso sin necesidad de que lo solicite el profesional de la abogacía interesado.
No, no es función de los Decanos de los Colegios de la Abogacía asistir a tal práctica.
No, es el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española a quien corresponde tal asistencia.
Sí, cuando lo solicite el interesado asistirán los Decanos de los Colegios, quienes estatutariamente les sustituyan o quienes para tal fin fueron designados por el Decano.
El título oficial que habilite para el ejercicio de la profesión de la abogacía y la incorporación al colegio del domicilio profesional, único o principal.
Únicamente disponer del título que habilite para el ejercicio de la profesión de la abogacía, siendo la incorporación al colegio accesoria a tal titulación.
Exclusivamente, la colegiación como ejerciente.
El único requisito imprescindible para el ejercicio de la abogacía es ser una persona de reconocida honorabilidad.
Falta de asistencia injustificada a dos sesiones consecutivas de la Junta de Gobierno.
Falta inicial no conocida de los requisitos estatutarios y de capacidad para desempeñar el cargo.
Falta de asistencia injustificada a tres sesiones alternas de la Junta de Gobierno en el término de un año.
Falta de superación del test psicotécnico al que, cada año, se someterán preceptivamente los miembros de la Junta de Gobierno de cada Colegio de la Abogacía.
No tienen obligación de separarse, pero deberán ponerlo en conocimiento del Colegio de la Abogacía en el que se encuentren colegiados.
Pueden continuar en la agrupación, pues la obligación de separarse únicamente existiría si fuera uno de los profesionales de la abogacía el que hubiera incumplido tales prohibiciones.
Pueden continuar en la agrupación siempre que denuncien al Consejo General de la Abogacía la actuación de estos profesionales liberales.
Las partes pueden comparecer mediante representación por medio de abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Es preceptiva la representación de una persona profesional de la procura.
Pueden comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Es preceptiva la representación de una persona profesional de la abogacía.