Que no se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.
Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar a ello.
Que la violación sea imputable a los hechos que dieron lugar al proceso en que aquella se produjo, debiendo el Tribunal Constitucional entrar a conocer sobre tales hechos.
Que se interponga en el plazo de dos meses, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.
Ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
El único cauce para la tutela de los derechos fundamentales es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Ante el Tribunal Supremo, a través del recurso de casación o, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
A través de cualquier procedimiento ordinario, sin que existan procedimientos especiales destinados a tal fin de tutela.
Es posible solicitar, por escrito, que se declare la nulidad de actuaciones.
Se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo.
No siendo susceptible de recurso ordinario ni extraordinario no es posible llevar a cabo actuación alguna en este procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
No siendo susceptible de recurso ordinario ni extraordinario no es posible llevar a cabo actuación alguna en este procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
Sí, puesto que cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro está legitimado para hacerlo.
No, puesto que solo aquellos órganos jurisdiccionales de un Estado miembro cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno tienen legitimación para plantear cuestiones prejudiciales.
No, puesto que solo el Tribunal Supremo está legitimado para plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
No, porque solo están legitimados los particulares, personas físicas o jurídicas, que, por haber sufrido un perjuicio, tengan interés legítimo en dicha interposición.
Solo podrá utilizar contra ella el recurso de apelación.
Solo podrá utilizar contra ella el recurso de infracción procesal o el de casación.
Solo podrá utilizar contra ella el recurso de apelación, y el extraordinario por infracción procesal o el de casación, cuando procedan, si los interpone dentro del plazo legal.
Solo podrá utilizar contra ella el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Deberá hacerlo de conformidad con el procedimiento previsto para el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los órganos que conozcan asuntos en primera instancia no están facultados para plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sino ante el Tribunal General de la Unión Europea.
Deberá hacerlo de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal.
Deberá hacerlo de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes.
Tiene carácter urgente. Además la preferencia en el despacho de estos asuntos será absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.
Es un proceso urgente y preferente respecto de otros, salvo los de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas y los de conciliación de vida personal, familiar y laboral.
El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de acceso a la Justicia, el derecho a una sentencia de fondo fundada en Derecho si concurren todos los requisitos procesales para ello y el derecho subjetivo a que se ejecuten las sentencias de los tribunales ordinarios.
El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de acceso a la Justicia, el derecho a una sentencia de fondo en todo caso y el derecho a que se ejecuten las sentencias.
El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho al juez legal.
El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a utilizar todos los mecanismos procesales que el legislador pone al alcance de los litigantes durante toda la tramitación del proceso y, en particular, a exigir al legislador que instituya recursos devolutivos ordinarios.
Podrá pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.
Aplicará el derecho comunitario en la forma que estime ajustada a derecho, debiendo plantearse la cuestión prejudicial cuando la causa llegue a un órgano cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno.
Deberá pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre la misma, para que fije la doctrina aplicable al caso, antes de dictar Sentencia definitiva.
Aplicará el derecho en la forma que estime oportuna, pero trasladará la cuestión al Gobierno por si interesa el planteamiento de una cuestión interpretativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ante el mismo Juzgado o Tribunal competente para el enjuiciamiento, pidiendo la nulidad de la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales, en el propio escrito de calificación o como cuestión previa.
Ante el Juzgado o Tribunal Sentenciador, pero solamente frente a la Sentencia definitiva, al ejercitar el recurso correspondiente contra la misma.
Únicamente en vía de amparo constitucional, por vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, al ser el Tribunal Constitucional el único competente en defensa de tales derechos.
Únicamente en vía de amparo constitucional, por vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, siempre que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional.
Cuando la autorización se haya obtenido de manera fraudulenta.
Cuando se produzca la ausencia del territorio de la Unión Europea durante 12 meses consecutivos.
Cuando, obtenida la autorización por la persona a quien otro Estado miembro reconoció protección internacional, las Autoridades de dicho Estado hubieran resuelto el cese o la revocación de la citada protección.
Cuando se produzca la ausencia del territorio español durante 12 meses consecutivos.