Ninguna, pues al tener menos de 250 personas, no tiene obligación de llevar un Registro de Actividades de Tratamiento.
Deberá notificar sus ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Tiene que llevar un Registro de Actividades de Tratamiento, pues su llevanza constituye una obligación aplicable a toda empresa con independencia de su tamaño y especialidad.
Tiene que llevar un Registro de Actividades de Tratamiento porque trata datos personales relativos a condenas e infracciones penales.
No, porque el auto no extiende su razonamiento a la justificación de las razones que legitiman el acceso de los agentes a la información contenida en ese dispositivo, sin perjuicio de que dicho acceso pueda ser autorizado ulteriormente por el Juez competente.
Sí, porque los mismos fundamentos que sirven para justificar la entrada y registro sirven asimismo para justificar el acceso a la información contenida en ese dispositivo, aunque no se hubiera previsto inicialmente su aprehensión.
Sí, porque la autorización debe considerarse tácitamente extensible al acceso a la información contenida en todos los dispositivos que sean incautados con ocasión de la práctica de la entrada y registro.
Sí, porque la información contenida en ese dispositivo resulta relevante para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación.
No, en ningún caso la prórroga podrá ser acordada.
No, la prórroga podrá ser acordada, pero el contratista podrá siempre aceptar o rechazar la misma.
Sí, en todo caso y sin necesidad de preaviso alguno.
Sí, siempre que así haya sido previsto en los pliegos y que su preaviso se haya producido al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.
No, pero sí necesitará de la intervención de un profesional de la Procura que la represente.
No, en los expedientes de conciliación no será preceptiva la intervención de profesionales de la Abogacía ni de la Procura.
Sí, en los expedientes de conciliación es preceptiva tanto la intervención de profesional de la Abogacía como de la Procura.
No será necesario para la solicitud de conciliación, pero sí que será preceptiva la intervención de profesional de la Abogacía en la celebración del acto de conciliación.
Deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los tres meses siguientes a la fecha
Deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha
Deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual.
Deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los seis meses siguientes a la fecha
El contrato celebrado a nombre de su padre sin su autorización será siempre válido.
El contrato celebrado a nombre de su padre sin su autorización será nulo, a no ser que lo ratifique antes de ser revocado por la otra parte contratante.
El contrato celebrado a nombre de su padre sin su autorización será nulo, pudiendo ser ratificado por este en cualquier momento y sin plazo alguno.
El contrato celebrado a nombre de su padre sin su autorización será válido, siempre que hubiesen intervenido dos testigos idóneos.
Las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales en los que España sea parte; las normas especiales del Derecho interno; subsidiariamente, por la Ley 29/2015.
La Ley 29/2015; en su defecto, por las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales en los que España sea parte; y subsidiariamente, las normas especiales del Derecho interno.
Las normas especiales del Derecho interno; en su defecto, por las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales en los que España sea parte; y subsidiariamente, por la Ley 29/2015.
Las normas especiales del Derecho interno; en su defecto, por la Ley 29/2015; y subsidiariamente, por las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales en los que España sea parte.
Las sociedades de capital se constituyen por contrato entre dos o más personas o, en caso de sociedades unipersonales, por acto unilateral.
Las sociedades de capital se constituyen por escritura pública notarial entre dos o más personas o, en caso de sociedades unipersonales, por contrato, y en su defecto, por simple manifestación de voluntad ante tres testigos idóneos.
Las sociedades de capital se constituyen por inscripción en el Registro Civil, en la que intervengan dos o más personas o, en caso de sociedades unipersonales, por acto unilateral ante el Registro de la Propiedad.
Las sociedades de capital se constituyen por manifestación de dos o más personas en el Registro de la Propiedad, que deberá ser convalidada en el plazo de los tres meses siguientes a su emisión.
Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo para atender necesidades urgentes de menores de seis años o de menores de edad mayores de seis años con discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes.
La demanda tiene que presentarse necesariamente ante los Juzgados de lo Social de Barcelona, donde la empresa demandada tiene su domicilio.
La demanda podrá presentarse ante el Juzgado de lo Social de alguna de las distintas circunscripciones territoriales en las que ha prestado sus servicios, pudiendo elegir Daliana entre aquel en el que tenga su domicilio, el del contrato, si hallándose en él el demandado pudiera ser citado, o el del domicilio del demandado.
La demanda deberá presentarse ante la Sala de que afecta al territorio de varias Comunidades Autónomas.
Tiene que presentarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León al prestar sus servicios en distintas provincias del ter Comunidad Autónoma.
Únicamente, el importe de tasación efectuado por fedatario público con anterioridad al otorgamiento de la deuda hipotecaria.
El plazo estimado en que el prestatario deberá reintegrar el importe del crédito, sin perjuicio de su prórroga unilateral por el deudor en documento privado.
El importe del principal de la deuda y, en su caso, el de los intereses pactados, o, el importe máximo de la responsabilidad hipotecaria, identificando las obligaciones garantizadas, cualquiera que sea la naturaleza de estas y su duración.
Únicamente, las costas que deberá abonar el acreedor con el importe de la deuda.
La cesión, repudiación y renuncia de los derechos hereditarios o de los de la sociedad conyugal.
El poder para contraer matrimonio, el general para pleitos y los especiales que deban presentarse en juicio; el poder para administrar bienes, y de cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero.
Los arrendamientos de los bienes inmuebles por seis o más años, siempre que deban perjudicar a tercero.
Son verdaderas todas las respuestas de esta pregunta.
Se entenderán comprendidos en la transmisión el metálico, valores, créditos y acciones cuyos documentos se hallen en la cosa transmitida, a no ser que conste claramente la voluntad de extender la transmisión a tales valores y derechos.
No se entenderán comprendidos en la transmisión el metálico, valores, créditos y acciones cuyos documentos se hallen en la cosa transmitida, a no ser que conste claramente la voluntad de extender la transmisión a tales valores y derechos.
Se entenderán comprendidos en la transmisión solo los bienes inmuebles cuyos documentos se hallen en la cosa transmitida, siempre que el valor de los mismos excediese de 15.000 €.
Se entenderán comprendidos en la transmisión solo los bienes muebles cuyos documentos se hallen en la cosa transmitida, siempre que el valor de los mismos excediese de 3.000 €. Preguntas sobre derechos civiles forales
Las disposiciones del título IV del libro I del Código Civil tendrán aplicación general y directa en toda España, con excepción de las normas de este último relativas al régimen económico matrimonial.
Las disposiciones del Título preliminar del Código Civil tendrán aplicación general y directa en toda España, en cuanto determinan los efectos de las leyes y las reglas generales para su aplicación.
Con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquellas según sus normas especiales.
Son verdaderas todas las respuestas de esta pregunta.